La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva en definitiva la presunta inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” que amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla de dos a cinco años.

A través de una amplia carta dirigida a los ciudadanos, la funcionaria lamentó que se hayan tergiversado sus comentarios expresados el pasado 1 de noviembre en una videograbación de la que “no tenía conocimiento” ni habría autorizado.

“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme

”Eventualmente podré equivocar una expresión, más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país”, afirmó.

Señaló que en el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie”.

“Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales.

“Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso Estatal.

“Como siempre lo he sostenido en mi carácter de Secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado”, puntualizó.

Dijo que el que ella hubiera utilizado el término “pervivir” no significa que así vaya a ocurrir con la resolución de la SCJN.

“De ninguna manera indica que en este caso la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que, precisamente el “esgrima jurídico” que mencioné en el video y es parte de los escenarios inmediatos, muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover la acción legal”.

Agregó que “en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad.

La encargada de la política interior recordó que en su trayectoria personal y en el servicio público como la primera notaria de la Ciudad de México, constituyente de la misma metrópoli, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora de la República con licencia y Secretaria de Gobernación, entre muchas otras responsabilidades ejercidas en el transcurso de su vida, he mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante, invariablemente, el respeto a la Ley y el interés superior de la nación.

Fuente: Excélsior