El Tren Maya, proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste de México, modificará sustancialmente el medio ambiente, por lo que una simple Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sería insuficiente para evaluar los daños de manera integral, coincidieron especialistas.
Esta MIA “es incapaz de calificar adecuadamente un proyecto de esta magnitud, simplemente, porque está razonada como una evaluación de impacto ambiental de microproyectos o de proyectos de dimensiones menos voluminosas”, expuso Jorge Escobar Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos.
Aseguró que cuando se incursionan en varios ecosistemas en varios estados, varios años de ejecución que involucran diversas autoridades como turismo, comunicaciones y transportes, áreas naturales protegidas, agua, recursos arqueológicos, “necesitamos otro tipo de herramientas”.
El Tren Maya se extenderá mil 475 kilómetros a través de cinco estados y tendrá 18 estaciones, cada uno con un polo de desarrollo urbano por lo que se implementará, según el Gobierno, una MIA regional obligada en casos de presas, carreteras, parques industriales y vías férreas.
El problema, señaló Adrián Flores Rangel, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que esta MIA es insuficiente en tanto que no contemplará todos los impactos generados, pues se excluirán los trabajos en los tramos donde ya se cuenta con derecho de vía.
Faltan por construir casi mil kilómetros de vías del Tren Maya, de los cuales 632 kilómetros serán sobre derechos de vías federales y estatales ya existentes, por lo que no necesitarán MIA para trabajar en este tramo.
Tampoco en las obras de 730 kilómetros de vías que ya existen pero que será necesario “modernizar”, dijo Rogelio Jimenez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Esto, enfatiza Flores Rangel, fragmentará los impactos y no se evaluará de forma integral, como sí se ocurriría con una Manifestación de Impacto Estratégico.
Las vías existentes fueron construidas para trenes de poca carga y de baja velocidad y ahora deben modernizarse para soportar trenes que transiten a más de 100 kilómetros por hora y cargados de toneladas de personas o mercancías.
Jiménez Pons explicó que una gran parte las vías serán elevadas hasta 1.5 metros de su actual nivel, por lo que el espacio será rellenado porque el mantenimiento ha sido insuficiente.
Para no someter a evaluación una MIA, el gobierno se acogerá a reglamentos y Normas Oficiales que lo exentan y le permiten solicitar un permiso en los casos en que se modifique o amplíe el derecho de vía existente.
“Sabemos que el gobierno se quiere abrigar al párrafo de esta ley para evitar hacer una evaluación de impacto ambiental, pero tenemos dos complicaciones: la modificación no es una menor: se va a rehabilitar la vía y se van a generar polos de desarrollo“, apuntó Escobar.
Fuente: EFE