Los estados y municipios del país tendrán 31 mil 600 millones de pesos extra en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

De acuerdo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con ese recurso, el total del Ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” será de 951 mil 454.8 millones de pesos.

El Ramo 28 puede ser utilizado libremente por los estados y municipios.

A través de un boletín, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión, dijo que los recursos serían para las necesidades prioritarias adicionales.

“Los presidentes municipales son los que tienen mayor sensibilidad a las necesidades de la gente. A ellos corresponde resolver, en primera instancia, los problemas de agua, alcantarillado, alumbrado público, entre otros”, señaló.

Por otra parte, el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas” ascendería a un total de 759 mil 750 millones de pesos.

Los recursos podrán ser destinados a las necesidades prioritarias de entidades y municipios.

Los ajustes que diputados y senadores realizaron a la propuesta Ley de Ingresos de la Federación 2020, enviada por el Ejecutivo federal, lograron incrementos de casi 32 mil millones de pesos para los estados y municipios del país, de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el Ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” tendría un incremento de 31 mil 600 millones de pesos, para quedar en un total de 951 mil 454.8 millones de pesos para 2020. Por otra parte, el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas”, ascendería a un total de 759 mil 750 millones de pesos.

El Ramo 28 puede ser utilizado libremente por los estados y municipios, y para determinar el monto asignado a cada entidad se toman en cuenta elementos como el crecimiento del PIB, el esfuerzo recaudatorio y el número de habitantes.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, resaltó que los recursos adicionales podrán ser utilizados, principalmente, para las necesidades prioritarias de los gobiernos estatales y los municipales.

“Podría decirse que de todos los servidores públicos, los presidentes municipales son los que tienen mayor sensibilidad a las necesidades de la gente. A ellos corresponde resolver, en primera instancia, los problemas de agua, alcantarillado, alumbrado público, seguridad, limpia pública, entre otros. En el nivel local es donde se reciben directamente los reclamos de la población. Los municipios del país tienen realidades y contextos totalmente diferentes, por lo que, en muchas ocasiones, resulta difícil diseñar, desde la Federación, políticas públicas adecuadas para todos”, dijo ayer, a través de un boletín.

Los recursos del Ramo 33 deben cumplir con objetivos definidos por el gobierno federal en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura educativa y social. Este Ramo se divide en fondos, cuyo monto se determina a partir de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Ramírez Cuéllar aseguró que también será de suma importancia incorporar en el PEF 2020 un Programa de saneamiento e inversión en infraestructura de estados y municipios, en el que se establezcan mecanismos de apoyo concretos para generar obra pública y reactivar las economías locales.

Sin embargo, entre las principales demandas de los alcaldes está aumentar recursos para el rubro de seguridad, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

El legislador también recordó a los alcaldes y gobernadores que la consolidación del federalismo fiscal implica una mejor gestión de su parte y un mayor compromiso con la rendición de cuentas.

“Los gobiernos locales deben asumir su responsabilidad y tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En la Cuenta Pública 2017, el Gasto Federalizado fue el rubro con más observaciones, relacionadas con la mala aplicación de los recursos públicos, gastos injustificados, sobrecostos y opacidad en la asignación de proyectos”, manifestó.

Fuente: Excélsior