Menos de dos puntos deciden el destino de Uruguay para los próximos cuatro años, por eso, la Corte Electoral optó por no declarar a un ganador, en la elección más reñida de la historia. Ayer, cuando 2.7 millones de votantes habilitados salieron a elegir a su próximo presidente, el país se partió en dos: los que sufragaron por la continuidad del progresista Frente Amplio, el partido del famoso expresidente José Mujica, y los que optaron por dar a la derecha la oportunidad de retomar el poder, después de 15 años.
Los resultados oficiales de la Corte Electoral de Uruguay, al cierre de esta edición (con 100 por ciento de votos escrutados) dieron ligera ventaja al candidato opositor, Luis Lacalle Pou: 48.71 por ciento de los votos frente a 47.51 del izquierdista Daniel Martínez, en una final de empate técnico.
“La diferencia entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez al cierre del escrutinio de la Corte Electoral es tan ajustada que la definición dependerá de los votos observados (de las personas que sufragaron fuera de su mesa asignada; llegan más tarde a los circuitos electorales). Esto se conocerá entre el jueves o viernes”, dijo el presidente de la Corte Electoral, José Arocena.
En contraste con otras situaciones de tensión y violencia en el continente, los uruguayos votaron con calma, sin señales de inconformidad por el veredicto ciudadano.
“Esto fue una fiesta democrática, de respeto, de tolerancia, donde nos pudimos saludar en la calle con gente que apoyaba la otra candidatura”, dijo Martínez en un mensaje de agradecimiento a su militancia, apenas terminó la votación.
El presidente saliente, Tabaré Vázquez, destacó la paz y garantías de la democracia en su país: “Todos los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos de ser el pueblo que somos, respetuosos del derecho, de la Constitución y del opositor”.
La oferta por la continuidad de izquierda estuvo representada por la candidatura de Daniel Martínez, un ingeniero de 62 años aficionado al ciclismo.
“La diferencia entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez al cierre del escrutinio de la Corte Electoral es tan ajustada que la definición dependerá de los votos observados. Esto se conocerá entre el jueves o viernes”
La campaña del cambio llegó con Luis Lacalle Pou, un abogado de 46 años, aficionado al surf, exsenador e hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera, quien gobernó entre 1990 y 1995. El hombre que, de confirmar su ventaja, se convertirá en el presidente más joven de Uruguay llegó a la segunda vuelta como abanderado del Partido Nacional, pero tras la primera vuelta logró sellar un acuerdo con otros cuatro partidos que van desde la derecha a la centroizquierda.
El buen clima electoral fue resaltado por ambos contendientes. “El país tiene que salir adelante unido, gane quien gane, debatiendo ideas, cada uno en su lugar”, dijo Martínez. Por su parte, Lacalle Pou habló para contener los desbordes de entusiasmo de sus partidarios y criticó a los que usan el eslogan “se van”, en referencia a una posible derrota de la izquierda. “Uruguay es un gran país, construido por mucha gente durante muchos años. Está bien la pasión, querer ganar, pero levantemos un poco la mira. Hay muchas cosas para cambiar, pero la base nacional la construyeron muchos hombres y mujeres de muchos partidos”.
De ratificarse la victoria nacionalista, el Frente Amplio sufriría su primera derrota desde que llegó al poder en 2005. Durante sus tres administraciones consecutivas, la economía creció, el poder adquisitivo experimentó una fuerte crecida y se lograron leyes que garantizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la venta de mariguana en farmacias.
Pero el tercer gobierno del Frente, encabezado por Vázquez, finalizó con un fracaso en su reforma educativa; el vicepresidente, Raúl Sendic, debió renunciar en 2017 por corrupción; la inseguridad se deterioró hasta alcanzar un récord de 414 homicidios en 2018, la economía se estancó, se perdieron 50 mil puestos de trabajo y el déficit fiscal alcanzó 4.9 por ciento.
La oposición plantea tomar medidas urgentes para reestablecer la seguridad y ordenar el gasto estatal, que frecuentemente cae en el derroche.
Fuente: La Razón