La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de Reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato y la remitió a la Cámara de Senadores por ser la cámara de origen.
El pleno conoció que se recibieron 17 votos aprobatorios de los congresos estatales de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y de la Ciudad de México, y se recibió un voto en contra del estado de Guanajuato.
Tras la declaratoria, los diputados aprovecharon unos para festejar (Morena, PT, PES, PVEM), otros para expresar sus dudas sobre las enmiendas por las que será posible una primera consulta de revocación de mandato en 2022.
Diputados del PAN, PRI y PRD plantearon sus reservas, pues aunque promover la revocación de mandato es un derecho de quienes están inconformes con un gobierno, todo indica que se buscará convertirlo en termómetro de popularidad.
Además será el Instituto Nacional Electoral(INE) el que convoque, organice, difunda y llame el voto, de manera adicional a las nuevas facultades de organizar consultas populares nacionales o estatales, pero hoy enfrenta un recorte de mil 71 millones de pesos en su presupuesto.
El panista Raúl Gracia Guzmán señaló que el contexto político en el que podría aplicarse un proceso revocatorio se ha agravado, pues la mayoría de Morena y sus aliados “ya que han tomado el control de la Corte y van por el del órgano electoral”, por lo que insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará reelegirse.
“El gran miedo es que, en el 2022, con su discurso de que el pueblo pone y el pueblo quita, si en una elección aún y amañada resulta que el pueblo le dice que se quede, diga: quién soy yo para irme si el pueblo se encapricha.
“Hoy les digo que en 2022 ya sabremos lo que dirán. El pueblo se aferra a que haya una reelección. Se los advertimos hoy, no nos dejemos engañar. Ojalá y nos equivoquemos, pero la historia y los ejemplos son claros y contundentes”, aseveró.
La diputada del PRI, Dulce María Sauri, expuso “adiós a las pseudo consultas ciudadanas fuera del marco constitucional y con las cuales se justificaron decisiones como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco”.
Se avanza en materia de participación ciudadana directa, pero “preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones”.
Que en 2022 haya un proceso revocación de mandato sería signo de que al menos el 3% de electores, 2.8 millones de 17 entidades están “hartos de este gobierno”. Si por el contrario no hay inconformidad con la administración no habría consulta, pues ésta no es para medir popularidad, aclaró.
También está pendiente el plazo para realizar las adecuaciones a la Ley Federal de Consulta Popular y no se estableció el mecanismo para sustituir al presidente de la República en caso de revocación de mandato, dijo.
La diputada de Movimiento Ciudadano,Martha Tagle, reconoció el avance de las enmiendas, pero demandó que se cumplan, y éstas marcan que es al INE al que le corresponderá la organización, difusión y promoción de las consultas para garantizar su imparcialidad y solo podrá realizarse el primer domingo de agosto de cada año.
El perredista José Guadalupe Aguilera Rojas también se dijo convencido de la utilidad de los nuevos procedimientos de participación ciudadana “pero también lo decimos: no estamos de acuerdo, y así lo seguiremos denunciando, en la realización engañosa de falsas consultas organizadas por entidades que no tienen ni la infraestructura ni la independencia y mucho menos las facultades para llevarlas a cabo.
“Debemos respetar la legalidad y por ello la exigimos, en primer término al titular del Ejecutivo federal y a sus representaciones parlamentarias”, demandó.
Fuente: El Universal