Luego de advertir que la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón denota el nivel de riesgo en que se vive en muchas regiones del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víctimas por homicidio de entre cero y 19 años, por el crimen organizado.
Durante la Presentación del «Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, el primer visitador general Ismael Eslava Pérez también expuso que según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el crimen organizado ha dejado sin cuidados parentales a más de 30 mil menores de edad y adolescentes.
Eslava Pérez indicó que en las últimas décadas el contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado ha tenido efectos particularmente graves en niños y adolescentes, situándolos en condición de grave vulnerabilidad.
El representante del organismo defensor destacó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre 2007 y 2017 el número de víctimas de homicidios menores y adolescentes pasó de mil 002 a dos mil 858.
A nivel estatal citó que entre 2015 y 2018 Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California fueron las entidades con las mayores tasas.
En la presentación Ismael Eslava mencionó que las estadísticas sobre personas de 18 años desaparecidas o extraviadas también permiten visualizar la forma en que la violencia afecta a niños y niñas.
Refirió que de acuerdo con el entonces Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, hasta abril de 2018 había 36 mil 265 desaparecidos en el fuero común, de los que 18 por ciento tiene entre uno y 17 años.
Agregó que 97.7 por ciento de esos casos ocurrió entre 2010 y 2018 y lamentó que en México no existan datos precisos sobre el número de menores de 18 años reclutados por el crimen organizado.
Las cifras sobre desaparecidos ofrecen una aproximación, dijo, pues la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha documento casos sobre el reclutamiento forzoso y desaparición de menores y jóvenes por parte del crimen organizado en los estados de Chihuahua y Guerrero.
Eslava Pérez atribuyó la existencia y el incremento de la victimización en la población menor de 18 años a la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.
Advirtió que una de las frecuentes violaciones que impactan en la vida de niños y adolescentes en el país es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y compañeros, además de que esa población en contexto de crimen organizado sufre violaciones a sus derechos a la libertad y seguridad.
Igualmente son comunes las prácticas de secuestro a cambio de dinero, así como la tortura y los tratos crueles por parte de miembros del crimen organizado para que los menores de edad se unan a sus filas.
Desde su perspectiva, la manera más adecuada para hacer frente a la violencia y la inseguridad en México que afecta a menores y adolescentes sería mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral.
Fuente: Excélsior