La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas de Eduardo Medina Mora y se las descongeló cuando el Ministro presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela esta mañana el columnista Mario Maldonado en El Universal.
Medina se negó a acudir al Senado de la República a presentar las razones de su renuncia, a pesar de que las “causas graves” son las únicas aceptables para que un Ministro del máximo tribunal del país se vaya. El Partido Acción Nacional (PAN) y la Coparmex, un sindicato de patrones, acusaron de inmediato que renunció por presiones. Dijo que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está interviniendo en el Poder Judicial.
En medio de este debate, ayer el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó a Felipe Calderón Hinojosa de haber intervenido, amenazado y presionado al máximo órgano del Poder Judicial. El ex Presidente lo negó.
Pero un texto de 2013 del periodista Jorge Carrasco en la revista Proceso revela que Zaldívar Lelo de Larrea había denunciado desde entonces que Calderón Hinojosa, a través de su Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, pidió alterar fallos de dos casos en particular: el de la Guardería ABC y el de Florence Cassez. En ambos casos se afectaba a la familia política del ex Presidente o a sus colaboradores más cercanos.
El texto de Mario Maldonado en El Universal parecería confirmar que el Gobierno de López Obrador sí presionó al Ministro Medina Mora, señalado durante años por conflictos de interés y últimamente por corrupción.
“La renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora sí se debió a una presión del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Así empieza la columna en el periódico El Universal. “La cuestionada carrera del ex Procurador y ex Secretario de Seguridad Pública, que fue evidenciada con publicaciones del periodista Salvador García Soto sobre sus transferencias bancarias en México y el extranjero, vino acompañada de amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto”, agrega.
Dice que el martes pasado el Presidente López Obrador rechazó que exista una investigación contra Eduardo Medina Mora, “particularmente sobre un supuesto apoyo a los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, y también que se trate de una venganza política”.
“No obstante, documentos en poder de este columnista confirman que funcionarios de Gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora ex Ministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país. El pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento 110/F/B/5182/2019 con el que se solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluir en la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas y morales relacionadas con Eduardo Medina Mora”, dice el columnista de El Universal.
“La que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante la lista de personas bloqueadas, contenida en el acuerdo 199/2019, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el uso de sus facultades legales y reglamentarias”, diría el oficio que se recibió en la CNBV de Adalberto Palma el viernes 4 de octubre. Así lo cita el periodista.
“La lista de personas a bloquear incluía al propio Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, además de sus hermanos José Medina Mora Icaza y Juan Pablo Medina Mora Icaza. Completaba el listado de personas físicas el empresario mexicano-japonés relacionado con la venta de equipos de espionaje a las Fuerzas Armadas, José Susumo Azano Matsura”, dice.
El oficio agregaba, según Maldonado, Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V., Consultores en Informática y Computación S.A. de C.V., Inmobiliaria Compusoluciones S.A. de C.V., Capital de GDL, S.A. de C.V., La Red Corporativo, S.A. de C.V., Security Tracking Devices, S.A. de C.V. y Vision Holdings México, S. de RL de C.V.
“La orden fue girada también el viernes al total de instituciones bancarias, casas de bolsa, sociedades financieras y almacenes generales de depósito, cuando la noticia sobre la renuncia —por primera vez en los últimos 25 años— de un ministro de la Suprema Corte de Justicia acaparaba la escena nacional. Lo extraño del asunto es que, el sábado 5 de octubre, consumada y aceptada en Palacio Nacional la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio surgió de la propia UIF; esta vez con el requerimiento 110/F/B/5212/2019 en el que se solicita a la CNBV desbloquear a las mismas 11 personas físicas y morales”, revela.
“‘La que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante, derivado del acuerdo 199/2019 emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante el cual, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, se suspenden los efectos de la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas‘, versa esta nueva comunicación oficial”, dice Mario Maldonado.
“La orden llegó al sistema financiero para surtir efectos el pasado lunes 7 de octubre, acompañada de un requerimiento adicional y consecutivo, el 110/F/B/5213/2019, en el que se vuelve a incluir en la lista de personas bloqueadas a tan sólo una persona física y una persona moral: José Susumo Azano Matsura y su empresa Security Tracking Devices, S.A. de C.V. Es decir que se mantiene bajo investigación el único personaje que no tiene vínculo sanguíneo con el exministro, al mismo tiempo que quedaron liberados, tras su renuncia a la Corte, todos los integrantes de la familia Medina Mora”, concluye.
Fuente: Sin Embargo