Diego Fernández de Cevallos consideró que la pretensión de aumentar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años es tramposa y puede ser sujeta a una acción de inconstitucionalidad, y hay varias opciones legales para impugnarla, sin embargo, se trata de una trampa muy bien elaborada, por lo que no es seguro que se vaya a revertir.