Desde enero, el Gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a 13 mil migrantes menores de 18 años, incluidos más de 400 bebés, que esperen con sus familias en México las audiencias de los tribunales migratorios de Estados Unidos, de acuerdo a datos oficiales analizados por Reuters.

A lo largo de la frontera entre los países, los bebés y los niños pequeños viven en ciudades con elevadas tasas de crímenes, a menudo en refugios y tiendas de campaña abarrotados o en las calles, durante las semanas o meses que lleva obtener una audiencia de asilo en Estados Unidos.

El riesgo de violencia y enfermedad es alto y es de especial preocupación para las familias con niños pequeños o que sufren condiciones de salud crónicas, según entrevistas con profesionales de la salud, migrantes, defensores de derechos humanos y abogados.

Los niños, cuyos números no han sido reportados previamente, se encuentran entre decenas de miles de migrantes que regresaron a México bajo una política del Gobierno de Trump conocida como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). La mayoría son de El Salvador, Guatemala u Honduras.

Los funcionarios de inmigración de Estados Unidos no respondieron las solicitudes de comentarios sobre los hallazgos de Reuters.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las decisiones sobre si una persona es colocada en el MPP son tomadas por agentes fronterizos e incluyen consultas con profesionales médicos. Los menores no acompañados no deben ser enviados de regreso a México, de acuerdo con las pautas del programa, pero los niños pueden ser enviados de regreso con sus padres.

Funcionarios estadounidenses han dicho que están haciendo todo lo posible para disuadir a las familias migrantes de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos ya que, aseguran, ponen en riesgo a los niños innecesariamente.

NÚMEROS CRECIENTES
Alrededor de un tercio de los casi 40 mil migrantes bajo el programa MPP al 1 de septiembre eran menores de 18 años, según los últimos datos disponibles de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que supervisa los tribunales migratorios en Estados Unidos.

De ellos, Reuters encontró más de 3 mil 400 menores de cinco años y 418 menores de un año.

Los números han crecido en las últimas semanas. Ahora hay más de 51 mil personas en el programa MPP, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Blanca Aguilar, una madre guatemalteca de 27 años, vive en un campamento improvisado de alrededor de 40 pequeñas carpas apiñadas en los cuartos traseros de una iglesia en las afueras de Tijuana, al otro lado de San Diego, California. Se puede escuchar a los niños toser y llorar durante la noche, dijeron ella y otras madres a Reuters durante una reciente visita.

Cuando uno se enferma, todos lo hacen, dijo Aguilar. Desde que llegaron en agosto, su hijo Adrián, de dos años, ha tenido tos recurrente con sibilancias, así como episodios de diarrea.

“Ha estado muy enfermo”, confesó.

DHS dijo que no podía comentar casos individuales. Las autoridades mexicanas no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las condiciones en los refugios.

Reuters no pudo corroborar los diagnósticos de Adrián Aguilar. Sin embargo, médicos y enfermeras que visitaron refugios y campamentos en ciudades fronterizas mexicanas dijeron a Reuters que han visto casos de varicela, sarna, infecciones respiratorias, erupciones cutáneas, infecciones oculares y problemas gastrointestinales.

Los menores de cinco años, y especialmente los menores de dos, tienen un alto riesgo de complicaciones graves de gripe, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y la temporada de gripe está a punto de comenzar.

El gobierno de Estados Unidos ha precisado en documentos de orientación que los migrantes con problemas de salud física o mental no son candidatos para el programa MPP. Pero abogados sostienen que no está claro qué califica como una exención médica del MPP.

Jennifer Jiménez, una salvadoreña de 30 años, dijo que llegó a la frontera en julio con mellizos de 11 años y su hijo Jacob de ocho meses, que nació con pulmones que no se habían desarrollado completamente.

Aunque explicó la condición de Jacob a los agentes fronterizos, dijo, los uniformados la enviaron a ella y a sus hijos a Ciudad Juárez, donde la familia terminó durmiendo en el piso de un refugio abarrotado.

Recientemente logró encontrar un médico que señaló en los registros médicos del niño que vivir en el refugio había complicado su atención médica. Los funcionarios estadounidenses recientemente admitieron que la familia se quedara con parientes en Estados Unidos.

Reuters descubrió que hasta ahora menos del 1% de los migrantes asignados al MPP han sido transferidos fuera del programa.

El gobierno de Estados Unidos ha firmado una serie de acuerdos bilaterales con El Salvador, Guatemala y Honduras para fomentar que más personas busquen asilo cerca de casa.

En mayo, cerca de 85 mil unidades familiares, padres con hijos, fueron arrestadas en la frontera entre Estados Unidos y México. En agosto, el número de familias arrestadas disminuyó en un 70% después de que aumentara el MPP.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las laxas leyes de asilo de su país alientan a las personas a presentarse en la frontera con sus hijos. Antes del MPP, era una común liberar a las familias que llegaban a suelo estadounidense mientras esperaban sus audiencias migratorias.

Grupos de derechos humanos sostienen que la mayoría de inmigrantes liberados se presentan a sus audiencias judiciales. Algunos están demandando para detener el MPP y una corte federal de apelaciones dictaminará pronto sobre el caso.

“NADA PARA ELLOS”
Según el análisis de Reuters, miles de niños esperan audiencias judiciales en ciudades fronterizas donde el riesgo de secuestros, violaciones y asaltos es alto.

Unos 5 mil 400 niños del programa MPP fueron asignados a la corte de inmigración de San Diego, al norte de Tijuana. La mayoría de los demás fueron asignados a los tribunales de Texas: 5 mil 600 a San Antonio y El Paso y 2 mil a Brownsville.

Jiménez, la madre salvadoreña, dijo que cuando escuchó que enviaban a su familia desde El Paso a Ciudad Juárez, conocida por su alta tasa de asesinatos, “fue como si me hubieran arrojado un balde de agua fría”.

Brownsville está frente a Matamoros, en el estado mexicano Tamaulipas, un campo de batalla de los cárteles de la droga.

Helen Perry, una enfermera de la Reserva del Ejército de Estados Unidos que se unió a un grupo de ayuda voluntaria que se dirigió a Matamoros el Día del Trabajo, dijo que examinó a un bebé con una infección ocular crónica. Otro tenía una infección debajo del brazo tan severa que limitaba su movimiento.

Perry dijo que vio a madres tan deshidratadas que no podían amamantar a sus bebés y a padres masticando pizza donada para luego alimentar a sus pequeños. Algunos niños mostraban signos tempranos de desnutrición, sostuvo la enfermera.

“Realmente no hay nada para ellos allí”, comentó Perry.