El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abordado hoy personalmente con Pablo Casado la respuesta del Estado a la ola de disturbios y protestas en Cataluña que se están produciendo como reacción a la sentencia del procés. Moncloa ha confirmado a primera hora de esta mañana que Sánchez mantendrá reuniones bilaterales con los dirigentes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.
Las entrevistas se producen después de que anoche, ante el silencio y la inacción del Govern, tras varias horas de incidentes, el Ejecutivo socialista en funciones hiciera público un comunicado en el que avisaba por primera vez de manera seria y no retórica, frente a hechos consumados, de que intervendrá si continúan los disturbios. La primera de ellas, con Casado, ya ha finalizado y , a continuación, verá a Pablo Iglesias a las 17.00 y Albert Rivera a las 19.00.
Según fuentes gubernamentales Sánchez ha transmitido a Casado un «mensaje claro»: «No descarta ningún escenario, todo está previsto y actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad». Las mismas fuentes señalan que el presidente agradece la disponibilidad del líder de la oposición y que le haya mostrado su «apoyo».
En una comparecencia en Moncloa Pablo Casado ha confirmado este respaldo pero ha puesto al jefe del Ejecutivo una serie de condiciones. Entre ellas que rompa todos los pactos que tiene el PSC con los independentistas en ayuntamientos y Diputaciones, que envíe un requerimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para que proceda «al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España» y que aplique ya mismo la Ley de Seguridad Nacional para que Torra «no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de Interior de la Generalitat».
Desde hace semanas el presidente del Gobierno ha apuntado a la Ley de Seguridad Nacional e incluso a la aplicación de un nuevo 155 como los instrumentos a su alcance para frenar las posibles consecuencias institucionales, políticas y sociales que pudiera provocar en Cataluña el fallo del Tribunal Supremo.
La Ley de Seguridad Nacional permitiría a Pedro Sánchez coordinar directamente esta crisis, sin contar con la Administración autonómica. Sólo sería necesario aprobar un real decreto y convalidarlo con celeridad en el Congreso de los Diputados.
No obstante, no hay ninguna confirmación del Ejecutivo sobre ello más allá de las alusiones que ha hecho Sánchez en distintas entrevistas y de que el Gobierno, en privado, haya sugerido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. En las últimas horas tanto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han negado que se vaya a usar esta legislación para controlar la situación. El argumento esgrimido es que los Mossos d’Esquadra están colaborando y no es necesario abundar en una mayor coordinación.
Moncloa ha defendido hoy de nuevo que los incidentes vividos ayer en Cataluña no están protagonizados por «un movimiento pacífico», sino «coordinado por grupos que utilizan la violencia para romper la convivencia». A esta valoración, que ya realizaron anoche, se ha sumado la petición de que «el independentismo tiene que condenar firmemente esa violencia». Es en ese punto donde el Gobierno quiere poner el acento.
«Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña», reiteran en Moncloa después de que la segunda jornada de protestas por las condenas a los dirigentes independentistas derivaran en una batalla campal en el centro de Barcelona y otras ciudades catalanas entre miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) y los Mossos d’Esquadra.
El Ejecutivo manifiesta su «profundo reconocimiento» a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que «están velando por mantener el orden y la convivencia en Cataluña» y envía «un caluroso mensaje de apoyo a todos los que han resultado heridos, mossos y policías nacionales». Según las cifras facilitadas por Interior, 54 agentes de los Mossos presentan heridas de consideración como fracturas y lesiones y 18 policías nacionales daños de menor seriedad.
La preocupación en el Gobierno ha crecido en las últimas horas. La sensación inicial después de que el lunes centenares de manifestantes ocuparan el aeropuerto de El Prat y obligaran a cancelar más de un centenar de vuelos era que, aunque hubo altercados y afectó al funcionamiento, no se produjo un colapso en las comunicaciones. Hay tensión pero no «caos», señalaban fuentes gubernamentales. Estas primeras impresiones han ido cambiando. El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, uno de los dirigentes socialistas que suele hablar con más claridad, ha puesto hoy un tuit donde asegura que hace dos años defendió que los CDR «era el germen de la kale borroka» en Cataluña y le llovieron críticas. Hoy, indica, el comunicado de los CDR, en el que apuestan por la «movilización permanente», niegan el uso de la violencia y cargan contra los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, «confirma la previsión».
Fuente: El Mundo