La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de cerrar los resquicios y fortalecer el sistema de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como los mecanismos de supervisión, fiscalización y punición al respecto, a la que llamó “Ley Bartlett”.
En conferencia de prensa, Gálvez Ruiz señaló que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, es un ejemplo de las “incongruencias” del actual gobierno, que lleva como su principal bandera la transparencia y el combate a la corrupción, pues omitió información en sus declaraciones.
Afirmó que la actual administración federal mide con diferente vara los conflictos de interés, pues condenó al comisionado de laComisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Alcocer, y defiende al titular de la CFE, que, bajó el argumento que su pareja e hijos son independientes económicamente, no declaró 25 propiedades y 12 empresas.
“Estos cambios a la ley pretenden ampliar la definición de conflicto de interés, para incluir en las causas posibles de desempeño imparcial a las relaciones familiares por consanguinidad o afinidad, de pareja, de amistad, afectivas, profesionales y laborales, en razón de que todas ellas pueden ser motivo de conflicto de interés”, indicó la panista.
La propuesta dispone que los servidores públicos que estén obligados a presentarla, deberán adjuntar a su declaración patrimonial, copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta, que en la actualidad solo es optativo adjuntarla, además de crear la obligación para la Secretaría de la Función Pública (SFP), de llevar a cabo revisiones anuales de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Xóchitl Gálvez precisó que estos cambios pretenden ampliar y clarificar el espectro de familiares y personas cercanas al declarante, cuyo patrimonio deberá ser declarado por el servidor público; con lo que se podrá prevenir que el enriquecimiento por actos de corrupción se dé a través de operaciones a nombre de los familiares o parejas sentimentales del funcionario.
“Así, se incluirá el patrimonio de su cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, o pareja sentimental, parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones de dependencia económica, tutela o tutoría, profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”, asentó.
La panista informó que la iniciativa propone también ampliar en el Código Penal Federal, el tipo penal de ejercicio ilícito de servicio público, incluyendo el supuesto normativo en que el servidor público falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones o se oculte el incremento de su patrimonio o el de todas las personas cercanas antes mencionadas, cuya pena será de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
“Estos cambios a la ley evitarán que tengamos, ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflictos de interés, un CHÚ CHÚ CHÚ como respuesta”, afirmó.
Fuente: El Universal