La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó una investigación objetiva e imparcial sobre lo sucedido en Culiacán, sin dejar fuera a ningún mando ni eximir de responsabilidades de forma anticipada.

Durante la inauguración del Foro Sumemos Más Causas, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de saber qué pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.

«Se ha anunciado el inicio de investigaciones sobre el desempeño de diversos servidores públicos, respecto de las cuales ya se han anticipado que parten de la premisa de que ningún mando superior y miembro del Gabinete de seguridad fue advertido de estos hechos», dijo.

«Situación que no abona en nada hacer efectivo el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y contribuye a que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido en Culiacán. Se requeriría una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad».

El Ombudsman nacional afirmó que más allá de la pertinencia que pudieron tener las decisiones que se tomaron en Culiacán para evitar una mayor pérdida de vidas, la improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo.

«Cuyo precio más alto lo pagó la sociedad civil, así como los agentes policiales y elementos de las Fuerzas Armadas que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto», abundó.

«La autoridad que dolosamente pretende justificar que no se garantice la seguridad e integridad de las personas, aduciendo que no lo hace porque los derechos humanos no se lo permiten, además de confundir a la opinión pública, reconoce expresamente su omisión o incapacidad para cumplir con las obligaciones que la ley le impone».

En clara alusión a la liberación de un hijo del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, el presidente de la CNDH recalcó que el Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir.

El que las autoridades claudiquen en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de las acciones de particulares, criticó González Pérez, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia.

«La ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar. El imperio de la ley deja paso al dominio de la fuerza y, con ello, las posibilidades de que los derechos de las personas se respeten y preserven, desaparece», mencionó.

«El que el Estado busque la conciliación y la pacificación del País, lo cual es encomiable, no implica que se claudiquen ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a su suerte a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender a las instituciones».

El Ombudsman enfatizó que respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión, ya que el uso legítimo de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.

«No viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza haciendo uso adecuado de la misma, por el contrario, los violenta aduciendo a un mal entendido respecto a los derechos fundamentales», añadió.

«Renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos en contra de las personas a quienes debería proteger y procurar».

Fuente: Reforma