El colectivo #NoMásDerroches aclaró que los juicios de amparo continúan y se seguirán litigando hasta que concluyan de manera definitiva todos los expedientes, luego de que este miércoles fue revocada la última de las suspensiones definitivas contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Ello, pese a que se solicitó a la Suprema Corte de Justicia que atrajera los recursos, en la oficina de la Presidencia del Alto Tribunal y hasta el momento no ha dado trámite a los escritos respectivos.
A pesar de que se tiene programado un evento “inaugural” para mañana en Santa Lucía, de iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para edificar un aeropuerto internacional, se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, argumentó la organización.
Además, alertó, pondría en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas.
En un comunicado, expuso que subsisten restricciones legales antes de que pueda dar inicio la construcción de la referida terminal aérea, entre ellas que el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no cumple con este requisito.
“No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado. Aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie”.
Asimismo, la empresa Navblue Sas no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el gobierno federal y no se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Autorización de Impacto Ambiental.
No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social y tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona.
El colectivo subrayó que, por un lado, la Sedena, mediante acuerdo del 18 de septiembre, haya decidido reservarle a los mexicanos la totalidad de la información relacionada con el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía por el resto del sexenio argumentando que pudieran cometerse “delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”.
#NoMásDerroches refirió que la SCT, mediante oficio del 25 de septiembre, reconoce que no cuenta con un proyecto ejecutivo ni con un plan maestro al respecto.
Entre otras organizaciones, este colectivo está integrado por Causa en Común, Cepos, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Impunidad Cero, Más Ciudadanía, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Fuente: Notimex