El Gobierno de Baja California presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma al artículo VIII del decreto 112 que amplía el periodo gubernamental de dos a cinco años del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, confirmó este martes que el recurso legal fue presentado el lunes pasado por el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid y un equipo de asesores que lo acompañaron hasta el recinto de la Suprema Corte, en la Ciudad de México.
“En el caso del Gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el cual podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual quedó ingresada. Nosotros esperamos que en un escenario optimo resuelvan antes (de que inicie el nuevo gobierno) para dar certeza jurídica”, dijo el funcionario estatal.
El 17 de octubre pasado fue publicada la Ley Bonilla en el Periódico Oficial del estado de Baja California. Dicho decreto consiste en la reforma que aprobó la XXII Legislatura de esta entidad en julio pasado del artículo VIII transitorio de la Constitución de la entidad.
La ley fue publicada en un número especial, luego de que el 15 de octubre el Congreso de Baja California entregara el proyecto de ley al Ejecutivo tras la Consulta Ciudadana realizada un fin de semana antes, en la que 84% de las opiniones votaron a favor de un gobierno de cinco años.
En un comunicado de prensa, el subsecretario general de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, explicó que el decreto tomará vigencia a partir del día siguiente de su publicación, mismo que se encuentra en proceso de digitalización y que podrá, a partir de mañana, consultarse en línea.
Un día después de la publicación, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN tras su entrada en vigor diferentes partidos.
Dicha reforma ha ocasionado críticas de diferentes organismos, como los empresariales, quienes interpusieron un amparo para frenar la ampliación o la controversia constitucional en la que piden la intervención de la Suprema Corte para también evitar que el siguiente gobierno estatal aumente tres años.
Fuente: El Universal