La crisis energética que atraviesa Cuba se en las calles: filas que se extienden por varias cuadras y que obligan a la gente a esperar hasta cinco horas para cargar combustible.
La gasolina comenzó a faltar esta semana, poco después de que el Presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la nación caribeña enfrenta un déficit de combustible del que culpó a las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump.
«Si no logro echar gasolina ahora, tengo sólo combustible para llegar a mi casa y aparcar el carro ahí», dijo Karel Pérez, de 44 años, quien en su Lada celeste hacía una fila de varias hileras en forma de caracol sobre el Malecón de La Habana.
El transporte público y los autobuses, así como la flota de automóviles perteneciente a dependencias gubernamentales, son vitales para mover a la población en la isla, donde el parque vehicular particular es escaso o viejo.
«Desde que el transporte está tan malo trato de no salir y llego caminando a mi trabajo», comentó Jacqueline Pereira, una empleada de una empresa náutica estatal de 35 años.
«Era una niña en el Periodo Especial (la crisis de los años noventa) y no recuerdo mucho, pero ahora soy madre y estoy preocupada. La gente está tensa».
La situación se suma a meses de carencias en los mercados y un desabastecimiento intermitente de productos debido a la falta de liquidez de la nación para adquirirlos en el exterior.
Cuando hay jabón desaparece el detergente o hay momentos en que los anaqueles están llenos de papel sanitario, pero no se encuentra arroz.
Díaz-Canel culpó a Estados Unidos de la crisis energética luego de que la Administración de Donald Trump endureció en los últimos meses las sanciones contra Cuba presionando por un cambio de modelo político en la isla y revirtiendo un acercamiento propiciado por su predecesor Barack Obama.
Algunos temen el regreso al periodo especial de los años noventa, cuando la isla dejó de recibir el apoyo económico de la Unión Soviética, por su caída, y entró en crisis económica.
La economía cubana se diversificó desde los años noventa: el turismo aporta ingresos anuales superiores a los dos mil millones de dólares y la venta de servicios profesionales mediante convenios con otros países deja unos 10 mil millones.
Se estima que otros dos mil millones provienen de remesas que envían los cubanos que viven en el exterior.
Díaz-Canel reconoció que la isla sufre muchas ineficiencias de gestión, pero destacó que la idea de Washington es asfixiar a la economía para derrocar a su Gobierno.
Trump restringió los viajes de sus ciudadanos a la isla, limitó las remesas que pueden enviar los emigrados, formó listas negras de empresas cubanas, canceló los permisos para cruceros a la isla y repatrió a casi todos los funcionarios de la recién abierta embajada de Estados Unidos en La Habana, al tiempo que recrudeció la retórica en contra de las autoridades.
Cuba depende de Venezuela para cubrir un 60 por ciento del combustible que su economía necesita y actualmente el país sudamericano enfrenta una crisis política y una baja en la producción de crudo.
«Estratégicamente cometieron el gran error una vez más de poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, no aprendieron la lección de los años 80 cuando dependían de la Unión Soviética… sin tener una póliza de seguro que los protegiera de cambios políticos», explicó el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.
Según Piñón, Cuba produce unos 42 mil barriles de crudo diarios en sus pozos que ya tienen unos 25 años de explotación y su déficit alcanza los 60 mil barriles diarios, por lo que si Venezuela deja de enviar crudo como lo hace actualmente mediante créditos blandos, la isla deberá pagar en el mercado internacional unos mil 300 millones de dólares, casi lo que abona por alimentos para su canasta básica.
Para el experto las sanciones de Estados Unidos tienen un impacto negativo para Cuba porque obligan a la isla a pagar como una prima de guerra a las navieras que se atrevan a traer petróleo.
Pero asegura que no se puede echar la culpa al 100 por ciento a las sanciones.
Las autoridades aseguraron que garantizarán los servicios básicos y que la economía no se paralizará y han comenzado a aplicar medidas como recortes horarios en universidades y centros de trabajo y en el uso de los vehículos estatales para mover a la población o apagando los aires acondicionados de las dependencias públicas.