Tribunal de Apelación de Escocia declaró este miércoles «ilegal» la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.
Los tres jueces que componen la corte de apelación de mayor rango de Escocia revocaron así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre, que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad.
El Gobierno británico ya ha anunciado que apelará contra esta decisión y está previsto que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, celebre una vista para evaluar este caso y otro presentado por la activista anti «brexit» Gina Miller el 17 de septiembre en Londres.
Los magistrados del Tribunal de Apelación de Escocia, presididos por Lord Carloway, se pronunciaron así sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes, que echó el cierre este martes y la previsión es que permanezca suspendida hasta el 14 de octubre.
Los partidos de la oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión de su gobierno- aprobaron la semana pasada una ley que obliga a Johnson a pedir una prórroga del «brexit» si no llega a un acuerdo con la UE el 19 de octubre, de forma que se evite una ruptura no negociada.
Los parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador consideran que el objetivo de Johnson es silenciar al Parlamento con la estrategia de clausurarlo de cara al «brexit».
El objetivo del primer ministro es presentar su agenda legislativa para el próximo año en lo que se conoce como el «Discurso de la reina» el 14 de octubre.
Entre los firmantes de la demanda, liderada por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al «brexit» «The Good Law Project».
Fuente: Crónica