La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un juez de control libró siete ordenes de aprehensión en contra de policías estatales acusados de haber ejecutado de manera extrajudicial a ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo.
La tarde de este lunes la dependencia confirmó que los mandamientos judiciales emanan de la carpeta de investigación 406/2019 y se les acusa de los delitos de homicidio calificado,abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
Los agentes que se les achacan estos ilícitos son: José “N”, Guadalupe “N”, Juan “N”, Ediht “N”, Concepción “N”, Francisco “N” y Urbina “N”.
El Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Especial presentó ante el juez los elementos necesarios para obtener el resultado legal referido, ante el planteamiento de la existencia de una probable responsabilidad de los involucrados.
Los policías requeridos pertenecen al Grupo de Operaciones del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y se les acusa de haber ejecutado de manera extrajudicial a ocho personas residentes en la ciudad de Nuevo Laredo, en hechos ocurridos el 5 de septiembre de este año.
Entre los abatidos está Severiano Treviño, empleado de una empresa de gaseosas y fue su hija Kassandra quien denunció haber sido testigo de las presuntas ejecuciones.
En el Informe Policial Homologado (HPI) que dieron a conocer los agentes, éstos aseguraron haber abatido en un enfrentamiento a una supuesta célula del crimen organizado que andaba en una camioneta blindada y que traían uniformes parecido a los de la SEDENA.
Refirieron que el combate terminó en las afueras de la casa de Severiano, ubicada en las avenidas 7 y 10 de la colonia Valle de Anáhuac.
A las 48 horas de las muertes, Kassandra Treviño presentó una demanda ante la Comisión Local de Derechos Humanos y en sus declaraciones aseguró que ese día su padre y demás familia se hallaban dormidos cuando un grupo de policías llegó y los golpeó para luego matar a Severiano.
Afirmó que lo mismo hicieron con otras personas, a las cuales, junto con Treviño, los obligaron a vestirse con los uniformes tipo militar.
Con apoyo de videos mostraron cuando el CAIET y unas patrullas de la SEDENA llevaron la camioneta blindada hasta las afueras de la casa de Severiano, mientras que otros testigos afirmaron haber visto cuando agentes policiales detuvieron y se llevaron con vida a los supuestos abatidos.
El 11 de septiembre de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó cartas en el asunto y para el 12 del mismo mes la Secretaría de Seguridad Publica confirmó haber separado de sus cargos a los policías acusados.
El 18 de septiembre el fiscal de la PGJT, Irving Barrios Mojica, comunicó que ante la relevancia del caso ordenó crear una Fiscalía Especial para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, el presidente de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, acusó que el número de ordenes de aprehensión que se liberaron son muy pocas.
”De acuerdo al parte informativo y a las entrevistas que hizo el Ministerio Público habrían participado cuando menos 20 personas, por lo que las ordenes son muy pocas”, dijo.
También exigió a la Procuraduría agregar otros ilícitos que quedaron fuera.
”Faltan los delitos de tortura y desaparición forzada. Hay que recordar que las primeras detenciones arbitrarias están registradas entre 5 y 7 de la mañana faltan esos delitos graves”, explicó.
La liberación de las ordenes de aprehensión las puso entre dicho al considerar que todo fue una negociación.
”Esta información que emitió el gobierno nos da una idea que fue una negociación desde el momento en que no están detenidos, es muy probable que a estas horas estos tipos ya no estén dentro sino fuera de Tamaulipas. Al haberlos puestos a disposición de Asuntos Internos y no de la Fiscalía los dejaron ir”, señaló.
Al respecto se buscó respuesta por parte de la Procuraduría sobre si ya había policías detenidos, pero hasta el momento no han respondido.
Fuente: Excélsior