Ana Paula Ordorica
Cuando matan a 30 personas en un bar o llegan a una estación de autobuses a acribillar a otras 5 y lo que llama la atención es el conflicto entre gobernadores y fiscales, algo está muy podrido en el sistema de procuración de justicia y de seguridad en nuestro país.
Eso es lo que ha ocurrido en estos días después de que, en Coatzacoalcos, Veracruz, llegara un grupo o un individuo – hasta el momento seguimos sin tener claridad sobre lo ocurrido – a rociar gasolina y matar por asfixia y quemaduras a 30 personas.
Lo que trascendió inmediatamente después de esa masacre y esa tragedia fueron los desencuentros entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Fiscal Estatal, Jorge Winkler. Winkler llegó a la fiscalía impulsado por el antecesor de García, por Miguel Ángel Yunes. Esto le ha molestado a García desde el día uno, al grado que a las reuniones de seguridad del estado está prohibida su entrada.
Así, inmediatamente después de la masacre, García no atinó más que a culpar a la fiscalía estatal por haber liberado a un individuo conocido como “La Loca”, al cual culpó de haber sido el autor material del table dance “El Caballo Blanco” en donde ocurrieron los hechos. Resultó que ni “La Loca” estuvo involucrado en la masacre y este individuo fue liberado, sí, pero por la Fiscalía General de la República…en dos ocasiones. Todo mal.
Y para sumarle al asunto, ayer el Congreso del Estado decidió separar del cargo a Winkler argumentando que no cumple con la certificación de confianza. La remoción dicen que va a ser temporal, pero bien sabemos lo que esa temporalidad va a significar si la decisión queda en manos de los diputados de Morena. La actuación del legislativo no queda claro que cumpla con la ley pero, evidentemente eso es lo que menos les importa. Lo que quiere el gobernador es a Winkler fuera.
En Cuernavaca, la madrugada del lunes llegó un comando a una estación de autobuses y disparó en contra de 5 personas. No fueron 30 muertos, pero, aun así, estamos hablando de un delito de alto impacto en donde de nueva cuenta salieron a relucir las diferencias entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el Fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara. A Carmona lo nombró, obvio, el antecesor de Blanco, Graco Ramírez. Y esto ha sido una de las razones para impedir la colaboración entre gobierno y fiscalía.
Recordemos simplemente que el nuevo sistema penal acusatorio busca la autonomía de la fiscalía, pero deja en manos del ejecutivo estatal o nacional su presupuesto con solamente un tope mínimo fijado por la Constitución. Por ello, tanto Veracruz como Morelos son de los estados que menor presupuesto asignan hoy a sus fiscalías. En Veracruz es de $175.79 pesos per cápita y en
Morelos es de $186.32 pesos per cápita. En contraste, Chihuahua otorga $655 pesos per cápita, por ejemplo.
Así, podemos imaginar que frente a los desencuentros entre gobernadores y fiscales el poder de la chequera inclinará la balanza en favor del gobernador en turno y en contra de la justicia.
Se modificó la Constitución para lograr una Fiscalía que sirviera y no pasar de tener Procuradores a modo a Fiscales Carnales. Y sin embargo, más de 3 años después de entrado en vigor el nuevo andamiaje jurídico, todo parece indicar que los conflictos entre los fiscales estatales y los gobernadores están complicando la seguridad y favoreciendo lo contrario, mayor criminalidad y mayor impunidad.
Vale la pena repensar lo que parecía fácil de resolver. Pasamos de fiscales carnales a fiscales rivales y eso tampoco ayuda a la procuración de justicia y a mejorar la seguridad en México.
@AnaPOrdorica www.anapulaordorica.com
