BRÚJULA
Ana Paula Ordorica
Prácticamente en todas las conferencias en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de la corrupción. Su combate; el barrer las escaleras de arriba para abajo; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…y un largo etcétera son el pan de cada día en su discurso.
Por eso debería sorprender su constante ataque a quienes, desde la sociedad civil, buscan lo mismo que él: acabar con la corrupción. O cuando menos, luchar vehementemente en su contra. En la Mañanera de ayer fue especialmente crítico con la Organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MUCCI) y contra su presidente, Claudio X. González.
Los acusó de haber solapado la corrupción en el pasado por haber defendido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual describió el presidente como “el saqueo más grande que se tenía preparado, que se iba a hacer al pueblo y a la nación; que iba a significar casi un billón de pesos. Iba a ser como un Fobaproa.”
Y agregó: “¿Qué hicieron [los de MUCCI] si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que la combatían? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada; nunca, de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave?”
Por ello, el presidente cree que el verdadero nombre de la asociación debiera ser Mexicanos CON la Corrupción y la Impunidad. Y así lo declaró, generando risas entre los asistentes a su mañanera.
Este nuevo arrebato del presidente sorprende por varias razones. Primero que nada, porque a pesar de haber anunciado la cancelación del NAIM en Texcoco aduciendo esta corrupción, el gobierno no ha señalado absolutamente nada ni a nadie por estos actos. Simplemente ha dicho, pero nada ha demostrado.
Cuando empezó ese proyecto se hablaba de la enorme corrupción que lo envolvía. En mi caso quise investigar algunos de los ángulos señalados como infestados por la corrupción. Uno de ellos, el peaje que transportistas estaban obligados a pagar para que llegaran los materiales a la zona de construcción. Un peaje no regulado y que se señalaba iba a los bolsillos de lideres locales. Nunca encontré nada en concreto. No se puede señalar que hay corrupción si no hay pruebas. En el caso del presidente él decidió no solo señalar la corrupción del NAIM sino cancelarlo. A la fecha sigue diciendo que el tamaño del saqueo iba a ser de cerca de mil millones de pesos. Si tiene esa información, que persiga a los saqueadores. Se le va a aplaudir.
Barrer las escaleras no es suficiente para acabar con la corrupción. También hace falta recoger la basura y ponerla en su lugar. ¿Quién está pagando una sola factura con la justicia por haber cometido un acto de corrupción en el proyecto del NAIM? A la fecha absolutamente nadie.
Lo segundo: el señalamiento de la modificación al Código Penal en 1994 no lo persiguió ni investigó MUCCI porque la asociación nació 22 años después, en 2016. Y tercero: el que la corrupción no fuera delito grave no quiere decir que la corrupción estuviera legalizada. Hay delitos, como las infracciones de tránsito, que sin ser graves, no dejan de ser delitos perseguidos por la justicia.
El gran problema es que en el combate a la corrupción del presidente López Obrador no se está cerrando la pinza persiguiendo la impunidad. Bueno, salvo en el caso Rosario Robles que, debiendo ser investigada, los argumentos para que el proceso lo enfrente en prisión son endebles. Por cierto, la investigación a Robles nace por el reportaje de MUCCI, la Estafa Maestra.
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