A la incertidumbre con acciones como la extinción de dominio se vienen agregando otras, que por decir lo menos, provocan dudas: ley garrote en Tabasco, el arbitrario aumento del período de gobierno en el estado de Baja California, golpes a las instituciones autónomas, crecimiento de la inseguridad, parálisis en industrias fundamentales como la construcción, la caída en la venta de autos nuevos; entre otras.
Una apretada síntesis destacaría que se pone en riesgo la propiedad privada, se atacan libertades fundamentales, como la de expresión en varias modalidades, la falta de respeto al voto ciudadano, la invasión y ataque contra organismos de equilibrio y contrapeso.
No hay duda que en la lucha contra el lavado de dinero y el combate al crimen organizado requiere de una bien articulada ley de extinción de dominio, lamentablemente, como se viene elaborando, se está atentando contra la presunción de inocencia y la seguridad en la propiedad privada, en este último caso son cientos de familias que dependen de los ingresos producto de la renta de inmuebles, otras empeñan su futuro en la compra-venta de bienes raíces. Los avances en la materia hacen temer que personas inocentes y que obran de buena fe corran el riesgo de perder su patrimonio y hasta la libertad.
El mercado de los bienes raíces arrastra una larga cadena de vicios y omisiones, Hacienda teniendo un terreno fértil para aumentar los ingresos públicos ha dejado al libre influjo a todo el sector un ejemplo es el mundo de asesores inmobiliarios independientes que al igual que los ambulantes ejercen la actividad sin pagar servicios, ni impuestos por sus ingresos, la dependencia podría establecer una serie de regulaciones que darían certidumbre y disminuirían los riesgos para propietarios, compradores y a la propia industria inmobiliaria.
A todo lo anterior habrá que agregar las consecuencias y temores que ya despierta la ley de extinción de dominio, que, obviamente, traerá un impacto económico.
En la misma línea está la parálisis en la industria de la construcción, el gobierno anterior nunca activó la inversión pública, se concentró en grandes obras en beneficio de unos cuantos, el gobierno en turno ha seguido el mismo camino, la obsesión de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el desaguisado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que de entrada ya dejó su secuela por el uso de más de 100 mil millones de pesos para liquidar parte de los contratos con recursos de la tarifa de uso de aeropuerto, que, como se sabe, previamente fue aumentada para darle viabilidad al proyecto.
López Obrador fuera de su costumbre poco o nada dice, y menos asume, con las implicaciones que tienen la Ley Garrote de su natal Tabasco o del aumento del período gubernamental en Baja California; de ahí que no son pocas las reservas de la gente cuando se asegura que se trata de una especie de laboratorio del propio gobierno federal, esto por no darle juego a quienes encuentran semejanzas con las acciones de esa catadura que han tomado gobiernos de otros países.
En síntesis, hay miedo, la inversión difícilmente se va a reactivar si un día sí y al otro también se mandan mensajes de incertidumbre; nadie en su sano juicio arriesgará un peso, así empresarios y cúpulas juren y prometan que van a invertir. Claro el crédito juega en otro terreno, más con altas tasas de interés y con el aval que garantice lo prestado, pero ese es otro tema.
