Al presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por actuar de manera “ilegal, arbitraria y dolosa”, abogados de Rosario Robles exigieron la libertad inmediata de su clienta.
El coordinador de la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Julio Hernández Barros, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig abogado que reside en Washington, acudieron a la sede de la CIDH para interponer el recurso legal contra el sobrino de la diputada federal, Dolores Padierna, y de René Bejarano, esposo de ésta.
Argumentaron que la detención de Robles Berlanga se dio de manera ilegal al violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que es probable que se hayan cometido delitos contemplados en el Código Penal Federal.
“Con la prisión preventiva, se conculcan los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”, comentaron.
Además, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas ha provocado un retraso al acceso al derecho, de su clienta, y prolongar innecesariamente el “ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto” y que, presuntamente, de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en el ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva.
Al presentar pruebas para corroborar que el juez Delgadillo Padierna actuó, en su opinión, de manera ilegal y de su parentesco con la diputada por Morena, los abogados solicitaron a la CIDH aplicar medidas cautelares “para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles”.
Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre los derechos de Robles Berlanga que, por su propia naturaleza, “no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización”.
Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad.
Fuente: Excélsior