A un año de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a un fenómeno inesperado: el incremento de 232% en el flujo de personas migrantes. En los primeros seis meses del año se contabilizaron 460 mil, que superan a los 138 mil 612 de todo 2018.

Este último año, la migración tuvo una resonancia mayor por la cantidad de familias, la detección de traficantes de personas y una nueva modalidad de migración transcontinental.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de los 460 mil migrantes que han ingresado a nuestro país, se presentaron ante esa instancia 99 mil 203 y se han devuelto a su país de origen 71 mil 110, lo que significa que al menos 360 mil indocumentados están dispersos en suelo nacional o en EU.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU indican que hasta julio de 2018 el promedio de captura era de 40 mil 149 personas, pero en 2019 aumentaron mes con mes hasta llegar a 144 mil 278 en mayo.

Aunque el fenómeno migratorio de Centroamérica no es nuevo, este último año ha tenido una resonancia mayor en México por la cantidad de familias que formaron parte de él, la detección de bandas dedicadas al tráfico de personas, una nueva modalidad de migración transcontinental y el relajamiento de la política implementada por el nuevo Gobierno de México, que lo llevó a tener su primer diferendo diplomático con Estados Unidos.

Luego del triunfo en las urnas, el entonces presidente electo; Andrés Manuel López Obrador, definió su política migratoria como “de puertas y brazos abiertos”, respeto a los derechos humanos y respaldo a quienes cruzaran la frontera sur para buscar una vida mejor.

Esta visión resultó un aliciente para que miles de familias de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, entre otros, se organizaran en caravanas para llegar a México, pero no para quedarse sino para usarlo como trampolín para llegar a Estados Unidos.

Las cifras así lo muestran: En 2017, el número de personas presentadas por tener una situación irregular apenas alcanzó los 93 mil 846. Un año después, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, registró 138 mil 612 personas no documentadas, de las cuales 112 mil 367 tuvieron una deportación o un retorno asistido a sus países de origen.

La diferencia es que en lo que va de 2019 —tan sólo seis meses— las autoridades estiman que han ingresado a territorio nacional de forma ilegal al menos 460 mil personas de distintos países, es decir más de 200% de lo que ocurrió en el año anterior.

De ellas, se presentaron ante la instancia migratoria a 99 mil 203 y se han devuelto a su nación de origen a 71 mil 110 personas.

Es decir, dispersas por suelo nacional y/o en Estados Unidos hay al menos 360 mil indocumentados centroamericanos y de naciones de África y Asia, particularmente que entraron por algún punto de nuestro país y se dirigieron al norte.

Este dato fue lo que ocasionó la molestia del país vecino que lo vio reflejado en el crecimiento exponencial del número de quienes cruzaban su frontera sur para solicitar asilo.

Estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de  Estados Unidos mostraron el aumento exponencial de las detenciones, que hasta julio de 2018 —mes de la elección presidencial— se encontraban en niveles de 40 mil 149 personas, pero que al iniciar el nuevo año, mes con mes fueron aumentando; por ejemplo, en enero se registraron 58 mil 288 detenciones, en febrero pasaron a 76 mil 533; 103 mil 729 en marzo; 109 mil 474 en abril y en mayo llegó a un nivel que calificó el presidente Donald Trump de intolerable con 144 mil 278 personas indocumentadas aseguradas. La próxima semana, CBP dará a conocer la cifra de junio.

Según el año fiscal, de octubre de 2018 a mayo de 2019, la cifra de detenidos por la Patrulla Fronteriza fue de 676 mil 315 que contrastó con los 521 mil 090 asegurados en el mismo lapso de 2018.

“El 10 de junio Estados Unidos impondrá un arancel de 5% a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México (…) hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal”, advirtió a través de su cuenta de Twitter el 30 de mayo.

Este amago llevó a México a poner fin a su política de “puertas abiertas” en materia migratoria, pues luego de una negociación que el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó de “dura y difícil” con Estados Unidos, representado por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se acordó poner un plazo de 45 días —que vence el 22 de julio— para que nuestro país endurezca sus acciones en la frontera sur y norte a fin de evitar el ingreso a territorio nacional de personas en situación irregular y evitar un mayor cruce de migrantes hacia Estados Unidos.

Esto a cambio de que el gobierno de Donald Trump postergue la implementación de estos aranceles al menos hasta hacer la primera evaluación de 45 días y una segunda a los 90 días.

Para lograr la disminución prometida (no se definió un porcentaje), México dispuso de seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional para contener el flujo migratorio en la frontera sur.

La nueva política migratoria implicó la salida de Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración y la llegada de Francisco Garduño, exresponsable de los penales federales.

Aunque el cambio mayor fue el desplazamiento de las tareas de control migratorio a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora bajo la tutela del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de extranjeros presentados se triplicó en los últimos seis meses, lo mismo que en el caso de las devoluciones a sus países de origen.

En enero se presentó a ocho mil 248 migrantes en situación irregular; en febrero 10 mil 039; en marzo 12 mil 756; en abril la cifra se disparó a los 20 mil 564; en mayo 23 mil 679 y durante junio, hasta este pasado 24, se presentó a 23 mil 917 migrantes.

En cuanto a extranjeros devueltos también creció el número, particularmente luego de la reunión entre autoridades de ambos países el 7 de junio.

En enero se deportó a sólo cinco mil 884 extranjeros; en febrero a siete mil 373; en marzo a nueve mil 113. Luego de las reuniones de autoridades de Gobernación mexicanas y de Seguridad Interna de la Unión Americana, se dispararon las devoluciones de centroamericanos al llegar a abril a los 14 mil 970; en mayo a 16 mil 507 y hasta el 24 de junio la cifra era de 17 mil 263.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien por orden presidencial está a cargo de atender el fenómeno migratorio, confirmó la operación de bandas de traficantes de personas que cobran a migrantes en sus países de origen (Guatemala, El Salvador, Honduras) desde mil hasta cinco mil dólares por llevarlos a Estados Unidos.

En su momento, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración reveló que las bandas de traficantes ofertaban la posibilidad de viajar en caravanas a través de mensajes en medios de comunicación, en especial en Honduras.

La muerte del migrante salvadoreño, Óscar Martínez y su hija de 2 años Valeria, en el río Bravo, así como la detención de una familia que quería cruzar a Estados Unidos por parte de elementos de la Guardia Nacional en los límites de la frontera generó indignación y cuestionamientos en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo por la forma como las autoridades de los dos países enfrentan este fenómeno que aún no se ha resuelto.

El gobierno de México ha pugnado para que sea a través del desarrollo económico en la región de Centroamérica como puedan generarse las condiciones para que las familias no tengan la necesidad de emigrar.

La Cepal, a propuesta de México, presentó el Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica que contempla diversas acciones y programas. Uno de ellos, Sembrando Vida, se extenderá a El Salvador para lo cual se aportó 30 millones de dólares por parte de nuestro país para que esta actividad genere empleo y revierta los daños causados por fenómenos naturales en este país.

Los 30 millones de dólares forman parte de una bolsa de 100 millones del llamado Fondo Yucatán, creado en 2011 por el entonces presidente Felipe Calderón, que continuó el presidente Enrique Peña Nieto y que a partir de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el lunes pasado, toma como nombre oficial Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, se destinarán recursos por igual a Guatemala y Honduras, 30 millones de dólares para cada uno de ellos.

Los restantes 10 millones funcionarán para gestión y gastos de operación. Los recursos los dispone la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo que depende de la Cancillería.

Entre 2012 y 2016, el Fondo Yucatán aprobó 129 millones de dólares a 16 proyectos destinados a 11 países de la región.

De los recursos, 83% del fondo se invirtió en Centroamérica en nueve proyectos en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que tuvieron que ver con la construcción de infraestructura como puentes y carreteras.

La muerte del migrante salvadoreño, Óscar Martínez y su hija de dos años Valeria, en el río Bravo, así como la detención de una familia que quería cruzar a Estados Unidos por parte de elementos de la Guardia Nacional en los límites de la frontera generó indignación y cuestionamientos en EU, México y en otras partes del mundo por la forma como las autoridades  afrontan la crisis migrante.

Fuente: Excélsior