Ana Paula Ordorica
Se rumoraba que Arturo Herrera abandonaría el barco de la 4T después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo humillara dos veces. Lo contradijo públicamente primero, cuando dio una entrevista al diario británico Financial Times en la cual declaró que este año no se canalizarían recursos de Hacienda para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente, durante la conferencia mañanera, AMLO confirmó que Dos Bocas iba y anunció fecha para poner la primera piedra.
AMLO volvió a contradecir a Herrera, también durante la conferencia mañanera, con el entonces Subsecretario de Hacienda sentado a su lado. A pregunta de una reportera, el presidente informó que reestablecer el cobro de la tenencia no estaba en los planes del gobierno a pesar de que Herrera lo había declarado el día anterior ante legisladores.
Pero no. Herrera no renunció. Se le adelantó Carlos Urzúa. Y lo hizo con una carta dura, tomando en cuenta su carácter bastante reservado y mesurado. En ella mencionó muchas discrepancias en materia económica por decisiones de política pública sin sustento y por la imposición de funcionarios sin conocimiento en la secretaría que hasta ayer encabezaba.
Renuncias en los gabinetes siempre las hay, el problema está siendo cómo se dan las renuncias en el gobierno de López Obrador. La de Urzúa es una renuncia que hace eco de la que presentó Germán Martínez al IMSS en mayo pasado. En la carta Urzúa acusa incompetencia y sumisión a personas, no a proyectos.
Entre quienes conocen a ambos, Herrera y Urzúa, la visión es que Herrera es muy bueno, incluso podría ser mejor secretario de hacienda que Urzúa, pero la renuncia a través de una carta que demuestra un desdén del presidente que lo orilló a escribirle en lugar de hablar con él, es un duro golpe para el país.
Además, por el video que subió el presidente anunciando que el nuevo titular de Hacienda sería Herrera, se pudo ver que la carta de Urzúa los tomó a todos por sorpresa y mostró una imagen de desorden en el gobierno que ya comienza a ser la norma, no la excepción.
La pregunta ahora para Arturo Herrera, que sabe mucho de hacienda pública, es si está dispuesto a desempeñar el nuevo encargo en favor de México o si se ceñirá a las ordenes de arriba, sean benéficas o no para la economía del país. Parafraseando al presidente López Obrador, ¿será un funcionario de a deverás o un simple florero decorativo?
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Apostilla: Mientras esta noticia y la detención del abogado Juan Collado acapararon la atención nacional, en Baja California la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar 5 años y no dos, que fue el periodo para el cuál lo eligieron. La Cámara de Diputados local solo tiene dos integrantes de Morena así que requirió el apoyo del PRI y de 9 diputados del PAN: Ignacio García Dworak, José Félix Arango, Triny Vaca, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Mónica Hernández, Raúl Castañeda Pomposo, Sergio Tolento y Carlos Torres. ¿Cómo es posible que el PAN haya votado por extender el mandato de Morena en un estado que era, hasta el 2 de junio, su bastión tradicional?
Fácil. Hubo una negociación entre el saliente gobernador, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Montejo Oceguera, designado la noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar (es un decir) las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.
¿Cómo logró Vega que los diputados del PAN le hicieran caso a él de aceptar la extensión del mandato de Bonilla en lugar de al dirigente del PAN, Marko Cortes, que pedía lo contrario? Los panistas nacionales están furiosos y comentan que el trabajo corrió a cargo de Miguel Ángel Bujanda, cercano al ex gobernador Kiko Vega, quien se habría encargado de pagar 8 millones de pesos a cada diputado a cambio de su voto.
