Ana Paula Ordorica
En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.
El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.
Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.
Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.
La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.
Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.
Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del
actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.
Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.
Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.
Lo que está ocurriendo en Baja California es una afrenta burda al Estado de Derecho y a la democracia en México. Y quien está encabezando esta afrenta es Jaime Bonilla, cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador. Ha sido fundador de Morena, senador, Súper delegado y candidato al gobierno de BC. Así es que la actuación de Bonilla no puede verse como caso aislado. Lo que él hace lo hace con el aval del presidente López Obrador.
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Apostilla: El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha hablado de expulsar a los diputados locales de Baja California. Y ¿qué hará con su otro militante que también apoyó a Bonilla, Kiko Vega?
