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Collado, abogado de Peña, movió 120 millones de dólares hacia Andorra entre 2006 y 2015: El País

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Aletia Molina

Juan Ramón Collado Mocelo, quien representó legalmente a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y otras figuras de la política mexicana, movió 120 millones de dólares en Andorra, de acuerdo con una investigación de El País.

Collado Mocelo, hoy preso en México, controló, entre 2006 y 2015, en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 24 cuentas “donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas”. El abogado fue el beneficiario último de las mercantiles, según documentos a los que tuvo acceso El País.

“Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado —85.7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación se archivó de forma provisional en octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado”, informó El País.

El ministerio público en la resolución donde decretaba el no ejercicio de la acción penal señaló que Collado obtuvo ingresos lícitos.

“El dictamen, firmado por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra. La Justicia de este país europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo”, de acuerdo con el texto El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra.

La investigación, firmada por José María Irujo y Joaquín Gil, señala que “la figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los titulares de la cuenta que este había abierto como representante. También en este caso, las autoridades andorranas han expresado su malestar por la actitud de la fiscalía mexicana”.

Tras el archivo de la causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero, apuntan José María Irujo y Joaquín Gil.

“El trámite se desarrolló durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de la investigación. Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada”.

El 9 de julio, Juan Collado Mocelo fue conducido hasta los juzgados del Reclusorio Norte.

Las autoridades mexicanas lo señalan por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Ese día, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de distrito el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.

“El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que exculpaban al letrado. Y por la contradicción que, a su entender, supone la reciente detención del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra”, señala El País.

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supo de los malos números de Libertad Servicios Financieros, antes llamada “Caja Libertad“, en cuya presidencia estaba el abogado Juan Collado Mocelo, hoy preso en el Reclusorio Preventivo Norte, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero las autoridades no la reconvinieron, ni pusieron mayor cuidado en sus operaciones. Por el contrario, el registro de la concesión indefinida que le fue otorgada en 2008, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue actualizado en 2016 en el Portal de Obligaciones y Transparencia, cuando Jaime González Aguadé era presidente de la CNBV y Luis Videgaray Caso era Secretario de Hacienda y Crédito Público.

En 2013, se le señaló por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Citigroup-Banamex por 400 millones de dólares. Un año después, tuvo una visita de inspección especial por parte de la CNBV debido a un reporte sobre la mala utilización del dinero de sus ahorradores. En los dos casos, las autoridades determinaron que Libertad Servicios Financieros no estaba contaminada de ningún ilícito y podía continuar con sus operaciones.

El Comité Administrador de Acciones de Libertad Servicios Financieros representa a casi el 70 por ciento de acciones del capital social total. Esta figura, existente cuando Juan Collado Mocelo era el presidente del Consejo de Administración, oculta el nombre de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige que como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la relación e información de las personas con una participación en el capital social, el monto y el origen de los recursos.

El denunciante y empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa aseguró, de acuerdo con la orden de aprehensión relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, que Jesús Beltrán González, entonces director general de Libertad Servicios Financieros, le dijo que elaboró los contratos privados “que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas” en esta Sofipo.

“Me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”, afirmó el denunciante aclarando que no contaba con número de cuenta o mayores datos.

Fuente: Sin Embargo

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Aletia Molina