En los elegantes trenes de fabricación alemana que recorren la campiña rusa entre Moscú y San Petersburgo los pasajeros paladean la buena vida. En el menú del vagón comedor, un aperitivo de media botella de champán francés con caviar negro cuesta 10 mil 600 rublos (163 dólares). Tal vez no le presten atención a Okulovka, a la mitad del viaje de cuatro horas. Es un pueblo en Nóvgorod en donde más de un tercio de la población no tiene agua corriente.

Las disparidades económicas no son nuevas en Rusia, pero el malestar y descontento que rara vez se ve en la era de Vladimir Putin ha colocado en el radar político a Okulovka y a otras ciudades deprimidas.

El catalizador, como ha pasado en Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, es el sistema de salud. Los médicos y el personal sanitario han protestado por las promesas rotas de un mejor sueldo y la amenaza de cierre de las clínicas. Los apoya un sindicato respaldado por un destacado crítico del Kremlin.

El apoyo a Putin a nivel nacional se mantiene estable tras caer el año pasado. Su índice de aprobación está arriba de 60 por ciento, y para muchos en Nóvgorod no hay nada que empañe su gestión.

Sin embargo, la preocupación de que los sectores tradicionalmente leales de la población se estén rebelando contra las autoridades encendió una alarma en el gobierno, dicen dos personas cercanas a la administración presidencial.

Las protestas solían limitarse a las grandes ciudades. Ahora están en el bastión de Putin, zonas del interior donde las promesas de una vida mejor suenan huecas. Las estadísticas federales publicadas en marzo revelan que más de un tercio de los rusos no puede comprar dos pares de zapatos al año.

“Tenemos todo en Rusia, riqueza natural, una población educada… el problema es la autoridad, está podrida. Y la gente se está hartando”, dice Dmitry Sokolov, un activista que desempeña un papel clave en la movilización del personal médico descontento.

En Okulovka, un pueblo de diez mil habitantes, cerca de 500 personas se manifestaron el 16 de marzo para denunciar la política gubernamental de “optimizar” los servicios médicos, una medida que está provocando recortes y reducciones en los salarios del personal. En una visita reciente, las nóminas de un trabajador de ambulancia y una enfermera reflejaban ingresos mensuales de tan solo 10 mil rublos. Aunque la protesta duró dos horas, un concierto celebrado a la misma hora en la Casa de la Cultura para conmemorar el quinto aniversario de la anexión de la península de Crimea atrajo solo un puñado de personas.

Yury Korovin es el único cirujano que queda en el hospital de Okulovka, donde los servicios peligran por la prioridad que dan las autoridades a la atención médica en la ciudad más grande de Borovichi. Hasta 2018 había cuatro cirujanos, pero tres renunciaron, dos lo hicieron en marzo en busca de un mejor sueldo en la vecina región de Leningrado. “Llego y le pregunto a la enfermera ‘¿tenemos medicamentos?’ Y me dice ‘¡Nada!’”, relató Korovin el 5 de abril en un hotel en Okulovka donde se reúnen los activistas. “Los pacientes deben traer sus propias sábanas”.

Okulovka no fue un evento aislado. En enero, 200 personas protestaron por los recortes a los servicios de salud en Shimsk, un pueblo de 3 mil 500 habitantes también en la región de Nóvgorod. En Sarátov, al suroeste de Rusia, los residentes se manifestaron en febrero contra el cierre de un hospital infantil.

Además de Okulovka, el activismo de Sokolov se centra en una clínica en riesgo de cierre en una pequeña localidad llamada Moshenskoye, a casi 90 kilómetros de Okulovka. Sokolov, quien se gana la vida vendiendo estufas de calefacción, dice que sus comunicaciones son monitoreadas por las autoridades. Cuando visitó la clínica en abril, un agente de seguridad de la autoridad sanitaria del distrito lo estaba esperando para evitar que entrara.

A partir del primero de marzo la clínica dejó de prestar servicio de 24 horas, lo que significa que los pacientes ya no pueden pasar allí la noche. Ahora está abierta de 8:30 a.m. a 5 p.m. En caso de emergencia, la gente de Moshenskoye debe acudir a Borovichi, el centro regional a 50 kilómetros de distancia, dice Elena Serebryakova, una empleada de una compañía eléctrica que se unió a Sokolov en un esfuerzo por incorporar a los trabajadores médicos de Moshenskoye a la organización sindical “Alianza de Doctores”. El transporte público es esporádico. Solo hay un autobús al día entre las dos ubicaciones. Y en Moshenskoye solo queda una ambulancia para cubrir un área con 6 mil 500 habitantes.

Los perjudicados son personas como Valentin Fetodov, un hombre de 71 años que padece una rara enfermedad de la piel. Ahora gasta mil 600 rublos de su pensión de 12 mil rublos cada vez que toma un taxi para ver a un especialista en Veliki Nóvgorod, la capital de la región. También paga su propia medicina. ¿Cree él que las protestas pueden cambiar las cosas? “No tiene caso. Ya no creo en nada”, responde.

Rusia tiene cien multimillonarios y, no obstante, el 13 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza según los estándares nacionales o el doble de esa cifra según las normas internacionales. A pesar de su fuerza militar y su estatus como el mayor exportador de energía del mundo, la economía rusa es más pequeña que la de Italia o Canadá.

Putin prometió reducir la tasa de pobreza a la mitad en un sexenio cuando buscó la reelección el año pasado. Pero el Kremlin ahora está ocupado en acopiar miles de millones de dólares en ganancias petroleras por temor a nuevas sanciones occidentales, por lo que poco dinero se abre camino a los ciudadanos comunes. Tampoco ayuda que desde 2013 el crecimiento anual del producto interno bruto apenas haya alcanzado el 2 por ciento.

“Durante quince años los ingresos de las personas aumentaron y ahora, durante cinco años, las cosas han ido en la dirección contraria”, dice Denis Volkov, analista de la encuestadora Levada en Moscú. “Sus vidas están empeorando y no tienen esperanza en el futuro. ¿Vamos a terminar como Venezuela? No. Pero cada vez más personas se quejan”.

Según la analista Public Opinion Foundation, las intenciones de voto para Putin cayeron a 45 por ciento en 2018, desde 74 por ciento en 2015, y se han mantenido en el mismo nivel desde entonces.

El gobernador de Nóvgorod, Andrei Nikitin, es parte de una nueva generación de tecnócratas leales a Putin enviados por el Kremlin para mejorar los servicios y evitar el descontento. Los problemas de la región con la atención médica, dijo, son crónicos.

“Entendemos el problema y sabemos que no se puede resolver sin equilibrar los presupuestos del sistema médico”, dijo Nikitin por teléfono el 7 de mayo. “Eso es lo que estamos haciendo. Significa que estamos obligados a adoptar medidas que no son las más populares. Pero el objetivo final es hacer que la medicina sea lo más accesible posible”.

Rusia gasta cerca del 3 por ciento del PIB en salud, un tercio de lo que destinan las naciones de Europa occidental, y el gasto ha estado disminuyendo en términos ajustados a la inflación en los últimos seis años. En marzo, sin embargo, Nikitin anunció un fondo de 2 mil millones de rublos para mejorar un hospital en Valdai, el área de Nóvgorod donde Putin y sus colaboradores tienen propiedades.

Mientras tanto, en Moshenskoye, la jubilada Galina Emilianova dice que la atención médica ha empeorado. Su cuñada de 73 años fue operada en septiembre pasado de apendicitis, pero a los pocos días los cirujanos tuvieron que intervenirla de nuevo, y luego una vez más por tercera ocasión en seis meses. Emilianova, de 65 años, quien vive con su marido enfermo en un departamento subvencionado, no tiene agua caliente, gas ni drenaje. Y para poder tener agua fría tuvo que pedir un préstamo de 30 mil rublos, el equivalente a dos meses de su pensión.

“A las autoridades no les importa”, dice. “Ellos van a los mejores hospitales, tienen dinero y coches. Pueden ir a donde quieran. ¿A dónde podemos ir las personas comunes?”. Con todo, Emilianova no culpa a Putin de su situación. “Me gusta el presidente, por supuesto. Yo voté por él. Simplemente tiene gente mala trabajando para él, no puede vigilarlos a todos”.

El líder de la oposición, Alexei Navalny, espera ganar capital político con su campaña para evidenciar las promesas fallidas de Putin en 2012 de aumentar los salarios de ocho millones de trabajadores médicos y maestros para 2018.

Para pelear por esos aumentos hizo equipo con el sindicato Alianza de Doctores, liderado por la oftalmóloga Anastasia Vasilieva, que desde agosto pasado ha fundado más de veinte capítulos regionales. Unas diez mil personas se han inscrito en línea en el Fondo Anticorrupción de Navalny para solicitar que sus casos salariales se presenten, en su mayoría de forma anónima, ante las autoridades.

El miedo es el problema, dice Vasilieva. Y refiere que en una visita que hizo el activista Sokolov al hospital de Okulovka, la seguridad llamó a la policía. “Las autoridades están tratando de acabar con esto”, dice. “Los trabajadores sanitarios temen ser despedidos y que les quiten su medio de subsistencia”.

Pero cada vez más personas vencen ese temor. En diciembre, cuando el hospital en Okulovka anunció que recortaría al personal de ambulancias, Sokolov recolectó en menos de un día 400 firmas para una petición que se oponía a la decisión.

El personal médico que pertenece al sindicato ha estado protestando de forma intermitente mediante la llamada “huelga de celo”, una alternativa a la huelga que consiste en seguir estrictamente lo que dictan los contratos y las horas de jornada.

Oleg Andrianov, un expolicía de 68 años que ha estado escribiendo cartas de protesta por los recortes en los servicios de salud, apoya la acción. Frente a él hay un póster de propaganda política con las palabras: “Rusia Unida con el Presidente”, en referencia al partido gobernante. “Rusia Unida con el Presidente… contra el pueblo”, dice Andrianov, señalándolo. “Así es como es en realidad”.

Fuente: El Financiero