El colectivo #NoMásDerroches ha promovido 147 amparos que buscan frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, al menos, hasta que el Poder Judicial revise si la cancelación del NAIM en Texcoco tuvo legalidad y si el proyecto de Santa Lucía tiene todos los dictámenes y permisos necesarios.
Actualmente, no se pueden iniciar las obras en Santa Lucía ni tampoco destruir los avances que existen del NAIM en Texcoco, esto hasta que se cuente con todos los permisos y dictámenes que exigen las leyes. Esta es la séptima resolución que ha logrado #NoMásDerroches sobre este tema.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró, en su conferencia de prensa del 14 de junio, que hay un interés político y económico detrás de estos amparos, ya que los promueven «organizaciones contrarias» a su gobierno.
Pero, a todo esto, ¿quiénes están detrás de #NoMásDerroches? Te contamos.
Claudio es uno de los personajes que durante mucho tiempo fue parte de la famosa «Mafia del poder» de la que siempre hablaba AMLO. De hecho, el presidente señaló hace tiempo que era en la casa de este empresario donde se reunía ese grupo de rivales políticos de López Obrador.
Claudio X. González fue fundador de Mexicanos Primero y ahora está al frente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es hijo de Claudio X. González, presidente del Consejo de Kimberly Clark en México y uno de los empresarios más importantes del país.
Mexicanos Contra la Corrupción es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad que hay en los sistemas públicos y privados en el país.
Tienen en su historia investigaciones como La Estafa Maestra en coordinación con Animal Político, la cual puso en ‘jaque’ al gobierno de Enrique Peña Nieto pues reveló varias empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno desviaba recursos.
Aunque Claudio X. González es el presidente, María Amparo Casar es la presidenta ejecutiva y directora general de Investigación Aplicada, Salvador Camarena, director de la Unidad de Periodismo, Darío Ramírez, director general de Comunicación.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, publicó en Twitter que él también se encuentra a favor del amparo ya que a México «no le conviene la construcción de Santa Lucía y que lo ya edificado con recursos públicos en el NAIM sea destruido».
Gustavo de Hoyos es socio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desde 1994; fue elegido presidente de 2016 a 2017 y reelegido para un cuarto periodo en 2019.
Ha sido un fuerte crítico de Andrés Manuel López Obrador, desde hace tiempo.
Por ejemplo, tras la consulta ciudadana que derivó con la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el empresario pidió reconsiderar a López Obrador pues indicó que el país no merecía perder 170 mil millones de pesos de inversión y otros 120 mil millones de pesos de indemnizaciones.
De hecho, tras la consulta ciudadana la Coparmex, a través de Gustavo de Hoyos expresó su molestia al considerar que AMLO les había mentido ya que aseguró que la consulta se haría con apego a la ley, sin embargo, aseveraron que eso no ocurrió.
Ya en su toma de posesión, el líder de la Coparmex calificó como negativo el saldo del primer mensaje de López Obrador como presidente, esto debido a sus «expresiones polarizantes, ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa».
También criticó fuertemente la decisión del gobierno mexicano de construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco pues apuntó que «el gobierno no está para construir».
Pero, ¿sabes qué es la Coparmex? Se trata de un sindicato patronal independiente y apartidista que reúne empresarios de todos los sectores a quienes representan en los ámbitos laboral, económico, social y político tanto dentro como fuera del país.
Y precisamente la Coparmex calificó como «muy malo» el inicio del gobierno de AMLO ya que se canceló el Nuevo Aeropuerto, «la obra de infraestructura más importante en marcha en el país» y aseguraron, al cumplirse 100 días del nuevo gobierno, que se logró a través de «mecanismos seudo democráticos que representaron un mal precedente para la inversión».
Se trata de una asociación civil no lucrativa y apartidista que trabaja por la seguridad y la justicia en el país. De acuerdo con su página de internet, se han orientado a la generación de mejores leyes y políticas públicas, la prevención del delito, atención a víctimas y profesionalización de las autoridades encargadas tanto de seguridad pública como de impartición de justicia.
El presidente es Armando Santacruz González y la Directora General es Lisa Sánchez.
Es parte de la iniciativa El Día Después, una asociación civil que se transforma en una plataforma que busca visibilizar y potenciar el trabajo de organizaciones, colectivos y movimientos sociales, además de sumar a ciudadanos que quieran trabajar por el país.
Esta plataforma fue presentada en mayo de este año por el actor Diego Luna y la periodista Ixchel Cisneros.
El objetivo de la Comisión es estudiar, promover y defender los derechos humanos, esto a través de la realización de estudios y análisis sobre el tema, difundir el conocimiento, vigencia y respeto de los derechos humanos, así como realizar cursos de capacitación, foros y conferencias sobre la materia.
Es una organización formada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos. Buscan transparentar la rendición de cuentas del gobierno y lograr que los compromisos por los ciudadanos se cumplan.
A cargo de la Dirección General está José Antonio Polo Oteyza y también es parte de la iniciativa El Día Después.
Este consejo fue fundado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, por la Barra Mexicana de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Este consejo se creó en enero de 2018 con el fin de impulsar una unidad nacional de abogados para que participen y aporten en los temas más relevantes del país. Entre ellos, todo lo relacionado con el NAIM y Santa Lucía.
El pasado 15 de junio, la Barra Mexicana de Abogados aseguró en un comunicado que los dichos de AMLO en contra de los amparos promovidos para construir Santa Lucía atentan contra el Estado de Derecho.
«Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole», se lee en un documento difundido en redes sociales e invitaron al presidente a no realizar actos «que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes o en contravención a la división de poderes».
Fuente: Nación 321