Mucho se discute sobre el papel que deben jugar los medios públicos en radio y televisión. Existen posturas en el sentido de que estos medios, al ser apoyados con recursos presupuestales, son un modelo de comunicación social en el que las estructuras estatales tienen gran preponderancia.

En otros países las estaciones públicas no son consideradas especialmente, su papel no se encuentra predeterminado ni obedecen a una política de Estado. Las estaciones adquieren el perfil que determina la autoridad en turno que las controla o financia.

En ambos casos, con regulación especial o dentro de la legislación de radiodifusión, existe la certeza de que son meros voceros del Gobierno en turno.

Con motivo del proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Cámara de Diputados está elaborando foros con los sectores interesados, y los medios públicos no podían ser la excepción.

En su participación, el IMER y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano expresaron que deben ser más abiertos y plurales dichos medios «…en la medida que los medios públicos los paga la sociedad, tienen que ser medios que den paso a diversas opiniones”.

Como propósito suena bien, pero en la realidad, entre las nuevas maneras que tienen de informar y programas transmitidos por medios públicos en los que conducen voces afines al régimen, poco a poco nos llevará a un modelo de radiodifusión pública que cada vez resultará menos crítico hacia el Gobierno, cuando lo que se debe buscar son voces diversas y señalamientos sobre imprecisiones o carencias que obliguen a mejorar el rumbo del país.

Desde décadas, aproximadamente, se habla de la transformación de los medios públicos, pero administraciones van y vienen, y su estancamiento es evidente y creciente. No se trata de culpar o ver quién hizo más o menos; lo que falta es sacudir este tipo de medios, y ser la otra opción frente a los privados y sociales y, al mismo tiempo, ingresar a la convergencia tecnológica. El problema es cómo reestructurarlos sin que cueste mucho dinero al erario y hacer más eficientes sus contenidos.

Ese es el punto.

Es penoso ver cómo el propósito de hacer a Notimex una agencia de noticias del Estado mexicano (como se planeó y se plasmó en ley en 2006 para hacerla viable, otorgándole autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, y guiarse por el derecho a la información) no se ha logrado y ahora mismo, va en retroceso.

En medio de la polémica por su trato editorial con periodistas, el desconocer a corresponsales, notas tendenciosas contra partidos políticos o como difusora de las actividades de la esposa del Presidente, deja mucho que desear de una verdadera agencia de noticias que es de Estado.