Desde el primer momento en que el presidente López Obrador decidió cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) trascendió que podrían llover demandas de los diversos actores involucrados en el proyecto.

 

El que se hayan presentado varios reclamos de empresarios, inversionistas y ciudadanos, puede interpretarse políticamente como se quiera –adversarios de AMLO, conservadores, fifís, organismos al servicio de intereses oscuros, o neoliberales corruptos–. Si tales actores tienen razón o no será decisión judicial, pero en principio nadie les puede negar el derecho a defender sus intereses.

 

Una de esas demandas ha prosperado, y se refiere a la suspensión de la intentona de inundación de las obras de Texcoco por parte del gobierno federal.

 

¿Para qué quiere López Obrador destinar 1,700 millones de peso adicionales a lo que ya se ha gastado en Texcoco, para inundarlo? Lo hace por temor a que en caso de fracasar el proyecto alterno del aeropuerto en Santa Lucía –sobre el cual también hay litigios pendientes– un gobierno posterior al suyo pueda revivir el NAIM. Y el presidente no desea que eso ocurra; están en juego su imagen, su prestigio, su legado histórico y su capricho, por encima de las finanzas del país o el crecimiento turístico, aeronáutico y económico.

 

Legalmente AMLO no puede ordenar la inundación de las obras inconclusas de Texcoco hasta en tanto no se desahoguen las demandas que buscan rehabilitar la obra cancelada.

 

Mientras los litigios concluyen –desde el máximo púlpito del poder–, López Obrador amenaza con exhibir a quienes están detrás de las querellas, calificándolos de corruptos, con intereses perversos; él tiene sus datos.

 

Entonces, si el gobierno considera que hay ilegalidad, lo procedente sería una investigación ministerial a fondo y, en su caso, la aplicación estricta de la ley.

 

Nada menos, peor nada más. ¿O acaso se vale hacer “manita de puerco”?