La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a sobrevivientes y familiares de víctimas, por las omisiones y complicidad de los distintos órdenes de gobierno con integrantes del cártel de Los Zetas que derivó en la masacre en Allende, Coahuila.
En ese municipio, entre el 18 y el 20 de marzo del 2011, un grupo de sicarios de los Zetas terminó con la vida de 300 personas, desapareció a 28 personas y generó desplazamiento forzado de familias.
“Los Zetas en conjunto con autoridades municipales y bajo es soslayo de los funcionarios de otros órdenes de gobierno desequilibraron la vida de la comunidad, en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente”, aseguró Sánchez Cordero.
“Autoridades de alto nivel sabían que esta organización criminal tenía planeado que se realizaría un ataque en Allende y acordaron con ellos no entrometerse, estás autoridades durante la masacre misma, a pesar de ser garantes de la seguridad e integridad física de los habitantes, a pesar de las llamadas de auxilio, tomaron la decisión de no intervenir, peor aún también funcionarios públicos fueron los que levantaron a pobladores y los entregaron a esta organización criminal sabiendo cuál era y sería su destino”, afirmó.
“El presidente de México nos instruyó a haber a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante el justificado enojo, a pedir disculpas, y a realizar todo lo que esté a nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos que el Estado mexicano tiene la responsabilidad, la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido en Allende, como aquí si dicho, no se vuelva a repetir nunca más en un otro rincón de nuestro país”, expuso la secretaria.
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelmeseñaló que “hoy con sinceridad tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló, les falló a las personas que fueron detenidas torturadas, asesinadas y desaparecidas, porque en el momento de la comisión de los hechos el Estado no brindó la seguridad y la paz que necesitaban para proteger su integridad y su vida, les falló porque agentes del Estado han sido responsabilizados ante la justicia por ser cómplices de estos hechos que cometieron en contubernio con la delincuencia organizada”.
Silvia Eugenia Garza, familiar de las víctimas de Allende, expuso que le causa “rabia recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia, las llamadas al 089 no fueron respondidas, más de mil 400 llamadas en Allende y Piedras Negras, las autoridades no solamente permitieron que pasara, si no que policías participaron en las desapariciones forzadas, permitieron que además que destruyeran nuestros hogares y saquearan nuestras casas”.
El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava señaló que la disculpa pública busca sentar un precedente respecto de que hechos como los ocurridos son inaceptables y que la sociedad exige acciones contundentes para erradicar el terrible flagelo de la desaparición de personas.
“Sabemos que por sí misma esta disculpa no basta para reparar el daño moral y material a ocasionado a las víctimas, ni para paliar el dolor y la indignación, sin embargo el reconocimiento público de responsabilidad y la aceptación a cabalidad del instrumento recomendatorio emitido por la Comisión Nacional constituyen una muestra de que las autoridades asumen el compromiso de implementar las medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, el establecimiento de garantías de no repetición, así como la elaboración de un censo de las víctimas que fueron objeto de desplazamiento forzado interno”, dijo.
El alcalde de Allende, Antero Alvarado reconoció ante las víctimas que “el estado les falló de los allendenses” y buscarán que no se repitan acontecimientos como los de marzo de 2011
“Expreso mi más sincera disculpa pública por la omisión del Estado mexicano en salvaguardar y proteger los derechos humanos de sus gobernados, cuando las instituciones públicas le fallan a los ciudadanos, es obligación de esta autoridad reconocer la arbitrariedad, el abuso y la omisión de la cual ustedes fueron sujetos. En Allende, se cometió un crimen de lesa humanidad y es flagrante atropello a los derechos y vulnerabilidad por parte del Estado para que el cuidado y protección de sus habitantes no debe ni puede repetirse jamás”, dijo el alcalde.
Fuente: El Universal