La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, rechazó suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Al admitir las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los senadores de la oposición en contra de la reforma de la ley de salarios, publicada en abril pasado, la ministra Esquivel Mossa argumentó que ni en este tipo de asuntos ni en controversias constitucionales es jurídicamente posible conceder una suspensión.
“En lo que respecta a la solicitud de suspensión formulada por los senadores accionantes, debe señalarse que tanto en controversias constitucionales cuando se impugnan normas generales, como en acciones de inconstitucionalidad, no existe la posibilidad jurídica de conceder dicha medida cautelar.
“En consecuencia, dado que en los citados medios de control de la constitucionalidad de normas generales, éstas no pueden ser objeto de suspensión, no procede conceder dicha medida cautelar”, indicó la ministra.
Aunque en diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán sí concedió la suspensión solicitada contra la Ley de salarios publicada en noviembre de 2018, esta medida únicamente tenía el efecto de que la Cámara de Diputados debía elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 conforme a las reglas constitucionales válidas del año anterior y no conforme a lo establecido en la nueva norma.
Las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra el decreto de noviembre de 2018 ya fueron analizadas y la semana pasada, la Corte emitió su votación final.
Durante la discusión el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, observó que los 17 artículos de la ley fueron reformados el 12 de abril de 2019, por lo que se trataba de un nuevo cuerpo normativo que debía ser impugnado por separado.
Zaldívar propuso al Pleno desestimar las demandas y no entrar al estudio del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán que establecía la invalidez total de la norma.
La propuesta del ministro Zaldívar no prosperó pero lo único que el Pleno pudo invalidar del decreto de noviembre de 2018 fueron los artículos en los que no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República y del resto de los servidores públicos.
En consecuencia, en las dos nuevas acciones de inconstitucionalidad que deberá analizar la ponencia de la ministra Esquivel Mossa para posteriormente presentar un proyecto de resolución al Pleno, sólo podrá contemplar los artículos que no fueron invalidados en la primera discusión de la Corte.
Fuente: El Universal