Nuestro presidente lleva 157 días de gobierno y ha trabajado rápidamente para hacer los cambios necesarios para cumplir sus promesas de campaña. En este sentido, va muy bien. Se duplicó la pensión para adultos mayores, se están instrumentando los programas ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’, el presidente ya no vive en la residencia oficial de ‘Los Pinos’ y ya no viaja en el avión presidencial. Asimismo, se ha mantenido la responsabilidad fiscal desde el punto de vista de no aumentar el déficit público y la deuda del gobierno. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que publicó el gobierno la semana pasada y que por primera vez tendrá que ser aprobado por la Cámara de Diputados, es un vivo reflejo de las propuestas que propuso nuestro presidente en su libro ‘La Salida’ (2017). En este libro hay varias propuestas encaminadas a que nuestro país crezca más. De hecho, en el PND 2019-2024 se plantea que nuestro país observará una tasa de crecimiento promedio en el sexenio de 4 por ciento y que en el 2024 el PIB crezca 6 por ciento. ¿Es factible? No tengo duda que sí. México tiene un gran potencial. Sin embargo, hay tres temas que me parecen fundamentales para que esto pueda ocurrir: (1) Fortalecer el estado de derecho; (2) fortalecer las finanzas públicas; y aunque llevar a cabo (1) y (2) genera mayor confianza, se necesita (3) generar confianza en el sector privado, per se. Las administraciones pasadas o no hicieron nada en torno a (1) y (2) o se quedaron cortas.
(1) Fortalecer el estado de derecho. Si bien he comentado este tema en varias ocasiones, no puedo dejar de destacar la relevancia de este tema (‘Estado de derecho y crecimiento económico’, 4 de noviembre, 2014). En este sentido, independientemente de la discusión en torno al poder que se le está otorgando al ejército, considero que la instauración de la Guardia Nacional va a fortalecer tanto la prevención, como la persecución del delito. No obstante lo anterior, creo que es necesario también fortalecer la procuración y la administración de justicia. En mi opinión, por ejemplo, tener 4 jueces por cada 100 mil habitantes en México, cuando en Latinoamérica hay 8.6 y en el mundo hay 16, en promedio, no permite que nuestros jueces se den abasto con el número de casos que tienen que procesar. Asimismo, tenemos un problema serio en nuestras cárceles. La población carcelaria que no ha recibido sentencia es de 28 por ciento promedio en el mundo, mientras que en Latinoamérica asciende a 40 por ciento y en México se encuentra en 43 por ciento (datos del Índice Global de Impunidad, UDLAP, 2017). Así, para poder fortalecer el estado de derecho es necesario que el gobierno tenga más recursos. Para ello, considero que México necesita una reforma fiscal integral.
(2) Fortalecer las finanzas públicas. México recauda 13.3 por ciento del PIB en impuestos no petroleros, mientras que en Latinoamérica el promedio es de 16 por ciento (Banco Mundial). Diferentes estudios concluyen que con una reforma fiscal que permita aumentar la base de contribuyentes, sería muy factible incrementar el porcentaje de recaudación con respecto al PIB. Una forma de llevar a cabo esto es eliminando los productos y servicios que tienen tasa cero o están exentos de pago de IVA. Aumentar impuestos no es popular, pero si hay un verdadero compromiso del gobierno para utilizar los recursos adicionales que se obtengan por la reforma para fortalecer el estado de derecho, esta acción tendría un impacto muy relevante en el mediano y largo plazo. Inclusive podrían incrementar la tasa de crecimiento del PIB en el corto plazo, debido a la confianza que podría generar.
(3) Generar confianza en el sector privado. Si bien las medidas (1) y (2) generarían confianza en el sector privado, considero que es muy necesario generar mayor confianza per se. ¿A qué me refiero? Me refiero a acciones que hay que adoptar debido a dos características que observa nuestro país: (a) Marco legal. México es un país en el que normalmente hay cierta certidumbre en el marco legal, aunque haya mucha incertidumbre en que éste se cumpla. Así, cuando un empresario -grande o pequeño, nacional o extranjero-, decide invertir su dinero en un negocio en México, sabe que hay cierta certidumbre en torno a ‘las reglas del juego’, pero sabe que corre un riesgo muy importante que emana de la gran incertidumbre que hay
respecto a que se cumplan dichas reglas. Este riesgo se puede reducir fortaleciendo el estado de derecho. Sin embargo, el problema es que hoy en día todavía no se está fortaleciendo el estado de derecho y ahora no solo hay incertidumbre en torno a que se cumplan las reglas sino que, además, ahora hay incertidumbre con respecto a las reglas mismas. Esta incertidumbre reciente se debe principalmente a las diversas iniciativas que han planteado varios legisladores desde noviembre del año pasado, que no son amigables con la operación del sector privado; y (b) la magnitud del sector privado en México. En Brasil, el gasto y la inversión del gobierno asciende a poco más de 30 por ciento de la economía. En cambio, en México ese cociente es de 16.7 por ciento. Así, el 83.3 por ciento de la economía de nuestro país, la mueve el sector privado. Por más acciones de gasto público que quiera llevar a cabo el gobierno, solo van a mover el 16.7 por ciento de la economía. Es necesario generar confianza para que ese 83 por ciento de la economía funcione e impulse las tasas de crecimiento de nuestro país. Así, considero que para que ocurra esto es necesario que: (a) Nuestro presidente mande un mensaje unificado tanto desde el ejecutivo, como desde la bancada de su partido en el legislativo, comprometiéndose a brindar certidumbre en cuanto al marco legal; y que (b) dicho mensaje sea de unidad, no de polarización.
En conclusión, considero que México sí puede crecer 4 o hasta 6 por ciento, siempre y cuando se genere confianza para que el sector privado impulse la tasa de crecimiento de nuestro país.
Referencia
López Obrador, Andrés Manuel. 2018. La Salida. Decadencia y renacimiento de México. Ciudad de México: Ed. Planeta, 2017.
Twitter: @G_Casillas
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.
