Aunque no se cuidaron las formas para poner en marcha la Guardia Nacional en algunos municipios del país, sus leyes secundarias no deben ser aprobadas al vapor, planteó Edna Jaime Treviño.

La directora de la organización México Evalúa expuso que ya que esta administración tomó la decisión de desmantelar la Policía Federal, que es el esfuerzo de construcción institucional más avanzado que había tenido México en el ámbito de la seguridad, para crear la Guardia Nacional, a éste cuerpo policiaco hay que darle un buen marco legal, para lo cual es importante que los legisladores se tomen el tiempo necesario para discutir y, en su caso, aprobar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso de la Fuerza y la Ley del Registro Nacional de Detenciones.

“Si vamos a desmantelar la Policía Federal por éste nuevo cuerpo de seguridad, tiene que sumar, que generar más valor a los mexicanos a través de que su desempeño esté alineado a buenas prácticas, con respeto a derechos humanos, con buen entrenamiento para prevenir el delito”, dijo Jaime Treviño.

En su opinión, en las leyes secundarias de la guardia Nacional debe quedar claro cuáles serán los incentivos correctos para que éste nuevo cuerpo policíaco pueda tener un desarrollo institucional sólido, cómo se formará a los integrantes de la guardia, cómo interactuará con otros cuerpos de seguridad en otros ámbitos de gobierno, cuál será el entrenamiento de sus elementos para que el enfoque sea de servicio al ciudadano y que prevalezca la perspectiva del respeto a los derechos humanos.

“Tenemos frente a nosotros una tarea monumental. Crear un cuerpo de seguridad no es cuestión de un sexenio, es cuestión quizá de una generación. Es problemático que cada cambio de sexenio estemos ensayando cosas diferentes”, expresó.

Respecto a la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema de inseguridad pública, la directora de México Evalúa señaló que tienen identificado que ésta tiene dos ejes: la implementación de programas sociales y la creación de la Guardia Nacional; sin embargo, dijo que para disminuir la violencia también se requiere de una política criminal y del fortalecimiento de policías locales.

“El presidente confía en estos dos brazos de lo que puede ser una estrategia, ahí está poniendo su apuesta”.

Sostuvo que la entrada en operación de la Guardia Nacional es un elemento que contribuirá a disminuir el problema de inseguridad y violencia por el que atraviesa el país, pero hay que tener muy claro que no es el único.

Nos equivocaríamos terriblemente si pensamos que simplemente el despliegue de la guardia, si es que se logra un proceso de capacitación e integración, si es que tenemos una implementación exitosa, es apenas un instrumento. Nos falta tener mucho más.

Indicó que, en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluye otras acciones como generar una política de prevención del delito, lo cual es positivo, porque para combatir la inseguridad no sólo bastan los programas sociales.

Los programas, dijo, pueden tener una repercusión en la reducción del delito o de la violencia, pero realmente necesitamos confeccionar políticas de prevención que atiendan factores de riesgo.

Llamó la atención en que, hasta ahora, el gobierno no haya expuesto un plan claro en materia de justicia. Si bien el presidente habla de acabar con la impunidad, no ha hecho mención a los instrumentos con los que pretende conseguir ese objetivo.

Necesitamos un aparato de justicia que mejore la calidad de la justicia que se imparte, que tenga más capacidad, que tenga más operadores entrenados, que el Sistema Acusatorio Adversarial se consolide y hay que ver qué se propone respecto al sistema penitenciario (…) Creo que todavía hay cabos sueltos, su apuesta está dirigida a la Guardia Nacional.

Un modelo centralista no funcionará
Edna Jaime planteó que en meses deben verse los primeros resultados de la estrategia del gobierno federal para combatir el problema de inseguridad pública.

Señaló que si bien el presidente dio un plazo de seis meses para que se revierta la tendencia, si ello no sucede, esos ya serán números adjudicables a su administración.

En el arranque de esta administración, hemos tenido mucha violencia. El presidente dice que es un problema heredado. Él se puso seis meses para dar resultados, así que vamos a esperar seis meses, porque en ese momento ya van a ser los muertos del presidente López Obrador.

Indicó que, si no hay resultados en seis meses, el presidente tendrá que dar explicaciones y ser más convincente del por qué la situación no se está revirtiendo.

Manifestó que, además de contar con una política criminal, éste gobierno debe emprender una política de coordinación entre los tres niveles de gobierno, ya que de lo contrario no se tendrán los resultados esperados.

“El presidente no puede solo, la federación no puede sola. Un modelo de atención a la seguridad centralizado no va a dar resultados. Lo que hemos estudiado en México Evalúa es que, a partir de la atención de factores en lo local, es como se pueden ir construyendo comunidades seguras”.

Un factor más, dijo, es indispensable construir policías locales, porque es aquí donde se encuentra el eslabón más débil para construir condiciones de seguridad pública.

Los focos del tema
—¿Qué esperar de las leyes secundarias de la guardia Nacional?

—Espero que se haya invertido tiempo, que haya habido verdaderos expertos en la confección de esta ley porque no nos podemos equivocar. Estamos desmantelando la policía federal que es un cuerpo de seguridad que es el esfuerzo de construcción institucional más avanzado que habíamos tenido en el ámbito de la seguridad y la justicia, y aunque tenía problemas, desde mi perspectiva, es un desacierto desmantelarla.

—El presidente dijo que en seis meses se verán resultados, ¿es suficiente tiempo para ello?

—En el arranque de esta administración hemos tenido mucha violencia. El presidente dice que es un problema heredado. Él se puso seis meses para dar resultados, así que vamos a esperar seis meses porque en ese momento ya van a ser los muertos del presidente López Obrador.

Fuente: El Economista