Los familiares del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, iniciaron su defensa legal ante la posibilidad de que sean vinculados con investigaciones por lavado de dinero.
En el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) se menciona a la hermana del ex servidor público, Gilda Lozoya Austin, como probable receptora del dinero que se utilizó para la supuesta compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, en 2015, que habría generado pérdidas millonarias a Pemex.
En las primeras fojas del expediente, señalaron fuentes judiciales, se documentó la “operación irregular” de por lo menos tres cuentas bancarias; incluso, se detectaron depósitos superiores a los 200 millones de pesos.
Esta información y otros elementos de prueba sirvieron para solicitar una orden de aprehensión contra Gilda, quien junto con su hermano, Emilio Lozoya, ya es considerada prófuga de la justicia.
En el mandamiento judicial se le imputa lavado de dinero en la modalidad de adquirir un inmueble con recursos que probablemente proceden de un hecho ilícito, para ocultar el origen de los recursos.
La hermana del ex director de Pemex solicitó un amparo para combatir la orden de aprehensión en su contra. El juez le concedió una suspensión provisional; sin embargo, esta medida no le serviría en caso de que la FGR la acuse por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
El mismo camino legal siguieron la madre, hermanos, esposa y secretario particular de Emilio Lozoya, quienes a través de sus abogados acudieron al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal y obtuvieron la suspensión provisional.
En estrados electrónicos aparecen los nombres de Gilda Margarita Austin y Juan Jesús Javier, madre y hermano del exfuncionario; además de la esposa, Marielle Helene Eckes; y Rodrigo Arteaga Santoy, el secretario particular.
Ismael Oliver, el abogado español que defiende a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, detenido en España, pedirá su libertad bajo el supuesto de la inexistencia de riesgo de fuga por la edad y la diabetes que padece.
“Es incomprensible que una persona de 67 años tenga que estar en prisión 40 días”, dijo Oliver al hacer referencia al plazo en el que se resuelven las peticiones de extradición.
Fuente: El Heraldo de México