Ana Paula Ordorica
En el Estado de México, concretamente en Valle de Bravo, en donde muchos residentes de la Ciudad de México pasan sus fines de semana, hubo una descomposición en materia de seguridad muy importante durante la parte final del sexenio de Felipe Calderón y principios del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ante autoridades federales, estatales y municipales rebasadas por la situación, algunos empresarios, ciudadanos e integrantes de la iniciativa privada decidieron poner manos a la obra. Con el liderazgo de México SOS de Alejandro Martí, formaron una mesa de seguridad para reunirse periódicamente con autoridades locales y estatales para crear sectores en la zona que revisaran y controlaran las actividades del crimen organizado.
Valle de Bravo es un municipio operado por La Familia Michoacana. Cuando Eruviel Ávila comenzaba como gobernador la organización criminal logró tener buenos informantes dentro de la Secretaría de la Defensa y la policía federal. Por ello, cuando la IP decidió actuar para revertir la inseguridad, lo primero que pidió es que la Marina fuera quien operara en el municipio.
A cambio, este grupo de ciudadanos donó a la Marina un terreno en La Cuadrilla, ya en el municipio vecino de Donato Guerra, frontera con Michoacán. Ahí se comenzó con la capacitación de un grupo de sus integrantes para convertirlos en lo que hoy se conoce como los Navy Seals mexicanos.
En casi 8 hectáreas se han ido entrenado a más de dos mil elementos de la Marina en áreas de bosque con casas simuladas de secuestro y de laboratorios de drogas. La Cuadrilla es hoy el campo de entrenamiento más grande y moderno de la institución.
Y sin embargo, el destino de estos Navy Seals mexicanos está en riesgo por los cambios que vendrán con la entrada de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se empeña en decir que con él todo es distinto que en el pasado, pero en materia de seguridad parece empeñado en repetir errores de sus antecesores. Concretamente, queriendo cambiar una corporación de seguridad por otra sin tomar en cuenta los efectos negativos que ya se han visto antes.
Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia creo la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, como el cuerpo encargado de atacar la inseguridad. Al terminar su sexenio y con la llegada de Felipe Calderón, la AFI desapareció y se creó la Policía Federal (PF). Algunos de los elementos de la AFI fueron absorbidos por la PF pero otros no. De los AFIs que quedaron en el desempleo surgieron grupos de secuestradores que fueron quienes planearon el secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí.
Hoy, los Navy Seals mexicanos podrían sufrir la misma suerte y ser absorbidos, algunos, por la Guardia Nacional, lo mismo que las instalaciones de La Cuadrilla. Bajo la premisa de que la seguridad en Valle de Bravo ya está resuelta, los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo, de las autoridades y ciudadanos en la zona van a ser tirados a la basura, lo que sería una lástima.
En Valle de Bravo se han controlado los secuestros que llevaron a este activismo de ciudadanos pero el gobierno de López Obrador parece olvidar que la seguridad nunca es un producto terminado.
La zona aun presenta retos. Hay una autoridad paralela en varios puntos ya que La Familia Michoacana se siente fuerte y hasta protegida por algunos pobladores; hay mafia en materia de control de camiones de materiales que cobran derechos de piso y está el lucrativo impuesto paralelo a la venta de pollo que se ha vuelto una fuente de ingresos adicional para el crimen organizado.
La presencia de la Marina y sus Navy Seals ayuda a que estos problemas no se salgan de control. El cambio sin un plan ordenado podría fácilmente crear en Valle de Bravo y los municipios aledaños un problema similar al que vive Ciudad Juárez actualmente. Ahí el gobierno federal asumió también que el problema de inseguridad estaba resuelto. Relajaron la guardia y la inseguridad está de vuelta.
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