La dueña del colegio, Mónica García Villegas, quien tiene una orden de aprehensión, interpuso un amparo contra la resolución judicial que ordenó asegurar la escuela.
En su demanda de garantías, García Villegas también reclamó la determinación ministerial en la que se estableció el mecanismo que debía seguirse para llevar a cabo el aseguramiento del inmueble, dentro de la carpeta de investigación CI-FTL/TLP-2/UI-3C/D/01695/09-2017D-1.
La petición de amparo fue admitida a trámite el pasado 8 de marzo, pero siete días después la juez de amparo en materia penal, Yazmín Eréndira Ruiz, negó otorgar la suspensión definitiva con la cual García Villegas pretendía que se revocara la medida cautelar.
Durante este juicio, que aún no concluye, padres de los niños que perdieron la vida en el colegio solicitaron como terceros interesados que no se levante el aseguramiento.
Tras conocer la resolución, la dueña de la escuela reclamó la decisión de la juez e interpuso un recurso de revisión que será analizado por el sexto tribunal colegiado en materia penal con sede en la capital, mismo que ya admitió a trámite la impugnación.
A fines del año pasado, un juez federal ordenó publicar en un diario de circulación nacional edictos para notificar a García Villegas sobre la demanda de indemnización interpuesta por padres que perdieron a sus hijos durante el sismo.
“Se advierte que se han agotado los medios para localizar el domicilio de los demandados y estar en aptitud de emplazarlos; en esas condiciones, en obstáculo de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a los citados codemandados por edictos”, determinó Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito en materia civil con sede en Ciudad de México.
El juez admitió a trámite una acción colectiva que promovieron padres de familia que perdieron a sus hijos en el mencionado colegio; en septiembre pasado impuso una multa de 8 mil 60 pesos a Enrique García Gámez, padre de la dueña y directora de la escuela, por no entregar informes al juzgado.
Con la misma cantidad fue multada García Villegas, porque su representación legal fue informada de la acción colectiva y no presentó la documentación solicitada por el juzgado.
En diciembre de 2017, García Villegas comenzó a ser buscada en más de 190 países, luego de que la Interpol emitió una ficha roja para localizarla y detenerla por la muerte de las 26 personas en el sismo de septiembre de 2017.
Como parte de la búsqueda, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, realizaron cateos en propiedades de familiares de la dueña de la escuela.