La Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) guardó casi dos años la investigación por robo de hidrocarburos contra el General Eduardo León Trauwitz.
El militar fue subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio pasado y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en su periodo como Gobernador del Estado de México.
León Trauwitz y una veintena de funcionarios fueron denunciados desde el 27 de marzo de 2017 por el abogado queretano Jorge García Adriano en representación de tres militares que afirman ser testigos de los ilícitos, pues estaban adscritos a la subdirección a cargo del General.
Según información del Gobierno federal, la querella se presentó por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación.
Pero, los tres denunciantes fueron llamados a rendir su declaración apenas el 16 de enero de este año, justo en el contexto de la cruzada del nuevo Gobierno contra el huachicol.
Es decir, fueron convocados un año, 9 meses y 23 días después de que se presentó la querella en la PGR del Gobierno de Peña.
Fue a partir de que comparecieron, que la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reactivó el archivo y comenzó a recabar información del caso.
Informes ministeriales indican que de los 12 tomos de esta carpeta de investigación, 11 -y una parte del 12- han sido integrados por la SEIDO en tan sólo los últimos tres meses.
Los tres ex elementos de Seguridad Física de Pemex afirmaron que durante la gestión del General Eduardo León Trauwitz como subdirector de Salvaguardia Estratégica, agentes de inteligencia de la empresa ordenaban la perforación de ductos y apertura de tomas clandestinas.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, Moisés Ángel Merlín Sibaja, Enrique Alejandro Sandoval Díaz y Eliseo Lara Cortes, describieron a la Fiscalía General de la República (FGR) el panorama de corrupción, improvisación y negligencia que reinó durante el sexenio pasado en el área encargada de combatir el robo de combustible en Pemex.
Sus testimonios son la base de la investigación judicializada el mes pasado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en contra del General y otros 21 funcionarios y ex servidores públicos de la petrolera.
Los testigos señalaron que los jefes de departamento de Seguridad Física en Tamaulipas, Nuevo León, Puebla y Veracruz ordenaban sellar en forma «hechiza» las perforaciones ilegales, no denunciarlas ante la PGR, hoy FGR, y mucho menos mencionarlas en los reportes internos de Pemex.
Sandoval Díaz, por ejemplo, expuso que para inhabilitar las tomas, los mandos enviaban agentes de Seguridad Física sin capacitación ni equipo de seguridad adecuado, con herramientas improvisadas y sin facultades legales para realizar ese trabajo, pues esa responsabilidad era del área de Mantenimiento de Ductos.
Pero, la realidad era que los agentes de Seguridad sellaban de manera «hechiza» las tomas de los huachicoleros, es decir, cortaban la válvula y sólo la cubrían con un recipiente de plástico, vaciándole encima cemento, según el agente Lara Cortes.
Además de las órdenes ilegales que supuestamente recibían de sus superiores, uno de los ex agentes detalló a la autoridades que había funcionarios del área de Inteligencia de Pemex, como Oziel Aldana Portugal y el Teniente Coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, que en la última semana de enero de 2017 le pidieron apoyo para «sembrar» o abrir tomas clandestinas en Nenechintla, Puebla.
Cuando Merlín comunicó lo anterior al Mayor Francisco Casas Sánchez, ex subgerente de Operaciones de Zona Centro, éste le ordenó al agente regresar a sus oficinas en San Juan Ixhuatepec y le dio el fin de semana de descanso.
El militar informó a los fiscales federales que los jefes de las áreas de Seguridad Física obligaban a los agentes a usurpar uniformes y vehículos del Ejército.
Cuando estuvo adscrito en San Martín Texmelucan, Puebla, indicó, él y otros compañeros de grupo fueron enviados a sus rondines de vigilancia vestidos de militares y en camionetas con los colores de la milicia e inscripciones de la Sedena.
También, denunciaron a mandos como el Mayor de Intendencia Francisco Casas Sánchez, ex subgerente de Operaciones de Zona Centro, fallecido el año pasado, por vender en el mercado Hidalgo, de la Colonia Doctores, las estructuras metálicas que retiraban de las tomas ilícitas.
Sufren amenazas
Los tres militares, cuyos testimonios son clave en la investigación contra el General León Trauwitz, revelaron amenazas y «levantones» por sus denuncias de actos de corrupción y huachicoleo de los que fueron testigos.
Moisés Ángel Merlín Sibaja acusó que fue «levantado» por un grupo de sujetos que portaba armas largas, en Tierra Blanca, Veracruz, un acto que lo obligó a pedir su cambio a San Martín Texmelucan, Puebla.
A Enrique Alejandro Sandoval Díaz, un Jefe de Departamento de Seguridad Física en Tampico, le advirtió que si denunciaba las irregularidades sobre las tomas clandestinas de combustible acudiría a gente «poderosa» para que terminara en la cárcel.
A Eliseo Lara Cortés uno de sus superiores lo trató de involucrar con una investigación que la PGR realizaba en 2016 sobre robo de hidrocarburos.
De acuerdo con la información obtenida, los tres testigos señalaron que sus superiores inmediatos siempre decían que estas instrucciones venían del General León Trauwitz, aunque no se trata de una imputación directa.
Los tres renunciaron o fueron despedidos de la empresa productiva del Estado, después de manifestar su molestia por realizar actividades que consideraban que no les correspondían y por el ambiente de ilegalidad aparentemente generalizado.
Fuente: Reforma