Gabriel Casillas
La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la versión preliminar de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el año fiscal 2020, también conocidos como ‘Pre-criterios’. Además de dar cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) –aprobada en 2006 y que ha sido tan importante como la autonomía del banco central, pero en materia fiscal-, en mi opinión, el Secretario Urzúa y su equipo dotaron de realismo e imprimieron responsabilidad fiscal al documento que entregaron al Congreso de la Unión en tiempo y forma. Para poder aprobar la Ley de Ingresos, así como el Presupuesto es necesario contar con los supuestos económicos con los que se estiman los ingresos. En esta ocasión voy a comentar sobre los efectos que tienen estos supuestos económicos y los incentivos que propician en el gobierno. La próxima semana comentaré sobre los supuestos para el año fiscal 2020 per se.
Un mayor crecimiento económico significa mayores ingresos fiscales (y por lo tanto, una mayor capacidad de gasto). Lo mismo ocurre con un precio del petróleo o una plataforma de producción petrolera, también significan mayores ingresos para el gobierno federal. Cabe señalar que desde octubre de 2014, la balanza comercial petrolera es deficitaria (i.e. importamos un valor mayor de lo que exportamos). Sin embargo, el gobierno obtiene ingresos por la exportación, no por el balance. Adicionalmente, cabe destacar que un aspecto que ha hecho que las finanzas públicas en México sean menos vulnerables, es que la dependencia fiscal de ingresos petroleros ha disminuido de 40 por ciento en 2012, a 17 por ciento actualmente. Por su parte, otro pronóstico importante es el tipo de cambio peso-dólar. En este sentido, un nivel de tipo de cambio que implique un peso más depreciado con respecto al dólar de los Estados Unidos, también implica mayores ingresos. Esto ocurre porque si bien aumenta el pago de servicio de la deuda en moneda extranjera (i.e. intereses y principal), esto se sobre compensa con la mayor entrada de divisas derivadas de los pagos que emanan de las exportaciones petroleras.
Asimismo, una tasa de interés de política monetaria baja en México reduce el pago de intereses de la deuda denominada en pesos (y pueden asignarse mayores recursos a gasto social, por ejemplo). Por último, una tasa de inflación alta -que sería inconsistente con una tasa de interés baja-, puede hacer que el PIB nominal (i.e. el que ‘se le suma’ la inflación) sea mayor. Esto puede llegar a tener un efecto importante en el nivel de endeudamiento que el gobierno puede proyectar en miles de millones de pesos, debido a que los límites se fijan divididos entre el PIB nominal (i.e. como porcentaje del PIB). Así, al ser un denominador, un mayor PIB nominal puede aumentar la capacidad de endeudamiento (y por lo tanto, de déficit), en términos de dinero, porque a la vez, podría continuar continuar cumpliendo los límites en términos de porcentaje del PIB. Un tecnicismo importante aquí es que la inflación del consumidor -que mide el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)-, y la inflación que experimenta el PIB -medida con el deflactor de precios del PIB-, pueden ser diferentes entre sí. Sin embargo, normalmente existe una consistencia de mediano plazo entre las dos.
En este sentido, dado que los criterios y pre-criterios son pronósticos, existen incentivos para que el gobierno proyecte una tasa de crecimiento económico alta, así como una gran plataforma de exportación petrolera, un nivel de tipo de cambio que refleje una depreciación significativa con respecto al dólar, una tasa de interés baja, una inflación alta en el deflactor del PIB y una inflación al consumidor baja (para que sea consistente con una tasa de interés de política monetaria baja, aunque no sea consistente con un peso depreciado). Pronósticos así podrían arrojar niveles mucho mayores de gasto público y a la vez, reflejar responsabilidad fiscal. Inclusive se podría llegar a pronosticar una reducción de déficit o de deuda, como porcentaje del PIB (o hasta en términos absolutos, en dinero). No obstante lo anterior, esto sería una
responsabilidad fiscal aparente y probablemente no se cumpliría. Por otro lado, el gobierno también tiene incentivos a pronosticar mayores tasas de crecimiento económico, para tratar de influenciar a empresarios y consumidores a invertir y gastar más y crear un ‘círculo virtuoso’ de crecimiento económico. Desafortunadamente, normalmente esto no ocurre en una sociedad moderna. Hoy en día es muy difícil engañar a empresarios y consumidores y supuestos fuera de la realidad solo provocan que se pierda la credibilidad en el gobierno.
Por todo esto, considero que es altamente relevante que los supuestos contenidos en pre-criterios y criterios sean creíbles. Para eso es necesario que sean realistas -cercanos a los pronósticos del consenso de los analistas-, y consistentes entre sí. En mi opinión, los pronósticos que presentó el Ejecutivo al Legislativo la semana pasada son realistas y responsables fiscalmente.
Twitter: @G_Casillas
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.