El director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia, Juan Pérez García, aseguró que el trabajo infantil va desde el empleo familiar o comunitario, hasta la esclavitud en la siembra y el cultivo de la amapola.
Lo más preocupante es que los menores son reclutados, “levantados” o forzados a participar en actividades ilícitas, pues hay denuncias sobre la esclavitud de niños y adolescentes que son obligados a trabajar en plantíos de mariguana, planteó.
Tales son los casos del estado de Guerrero, así como en el denominado Triángulo Dorado de la Sierra de Sinaloa, donde hay “levantamientos” de jóvenes de primarias y secundarias.
En entrevista con Notimex, Pérez García expresó que el trabajo infantil es resultado de la desigualdad económica, pues 47 por ciento de las familias en México sufre pobreza.
Abundó que cuando se desagregan los datos de la niñez o personas menores de 18 años, la pobreza alcanza 53 por ciento de los casi 22 millones de niñas, niños y adolescentes, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De ese universo, detalló, 4.7 millones están en pobreza extrema y enfrentan dificultades para comer cuando menos una vez al día, lo que explica por qué hay más de tres millones de ellos en actividades económicas entre los cinco y los 17 años de edad.
La mayor parte de ellos, señaló, ocho de cada 10 lo hacen en pequeñas unidades, y de esos más de tres millones, unos 500 mil realizan trabajos domésticos, fundamentalmente mujeres, y 2.5 millones están en el sector agrícola o en talleres familiares y venta de servicios.
Detalló que hay tres tipos de actividad económica que realizan los menores, como es la familiar o la comunitaria que no necesariamente es perniciosa; hay la que hacen para un tercero, donde incluso se les contrata; y están las actividades ilícitas, donde sufren explotación e incluso pueden ser esclavizados.
En las comunidades rurales es una práctica tradicional que los padres les trasmitan a los hijos sus conocimientos sobre la siembra y los cultivos, así como el uso de la tierra, involucrándolos desde pequeños, lo que no implica que dejen la escuela o que dejen de jugar o estén en riesgo.
Algo similar ocurre con otras actividades como el comercio ambulante, expuso, aunque hay un común denominador: se trata de familias que sufren pobreza extrema, donde el trabajo de los hijos forma parte de sus ingresos.
La que se realiza por contrato, expuso, particularmente en las zonas urbanas, se hace principalmente en la industria de la construcción, donde se tiene como prioridad contratar a adolescentes indígenas, quienes están urgidos de obtener un ingreso, sin conocer sus derechos laborales y muchos son analfabetas e incluso no hablan español.
Casos semejantes se ven en la industria minera y, por supuesto, en el sector agrícola, donde familias enteras viajan de Oaxaca o Guerrero hacia los campos de Sinaloa, Sonora y Baja California, por mencionar los más notables.
Estas últimas actividades sí son perniciosas, porque pueden significar la pérdida de escuela, riesgos para su salud, ausencia de días de descanso y en ocasiones hasta exceso de violencia y, pese a ello, la contratación puede ser legal, pues la Ley Laboral permite que un adolescente de 15 años en adelante trabaje con la supervisión de la Secretaría del Trabajo.
Los menores que son contratados enfrentan varias desventajas, como el hecho de que perciben menos salario que un trabajador adulto y no pueden ser dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni ser parte de sindicatos, ni tienen oportunidad de presentar recursos jurídicos cando son objeto de alguna injusticia.
“Son explotados, aportan un beneficio económico al ingreso familiar, pero tienen muchas desventajas que los hace totalmente vulnerables”, subrayó. (Notimex)