La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció este martes el hallazgo de la nieta 129, hija de Norma Síntora, secuestrada, estando embarazada de ocho meses, en mayo de 1977, y desaparecida durante la pasada dictadura militar (1973-1986) y Carlos Solsona, sobreviviente, quien la buscó durante 42 años.
Norma Síntora y Carlos Solsona, eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tuvieron un primer hijo, que tenía dos años cuando fue secretada su madre en Moreno, provincia de Buenos Aires. Se salvó porque lo habían dejado al cuidado de los abuelos, mientras sus padres trataban de salir del país.
Solsona no estaba en el momento del secuestro y Norma habría sido llevada al Centro Clandestino de Campo de Mayo, donde nació la niña, que después fue arrancada del lado de su madre. Su padre logró huir y fue detenido después, pero sobrevivió. Desde que fue liberado buscó a su compañera y al hijo o hija nacido en cautiverio.
En 2012 llegaron informaciones sobre el caso de la joven que fue inscrita por un matrimonio como propia mediante una partida de nacimiento apócrifa. En 2013 el equipo de aproximación del área de Investigación de Abuelas contactó a la joven que vivía en el exterior (sería España) para invitarla a realizarse el examen de ADN. Aunque al principio se negó, aceptó que en 2014 viajaría a Argentina para realizar la prueba genética.
Pasado el tiempo y ante la falta de respuesta, Abuelas informó a la presunta nieta que su caso sería derivado a la unidad fiscal para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Finalmente hace dos semanas la nueva nieta llegó a Buenos Aires y, por una notificación de Migraciones, se presentó a la justicia el 3 de abril. Allí aceptó realizarse el análisis que arrojó que es hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona.
Fue otro día de júbilo para una familia que nunca desistió de buscarla y para las Abuelas de Plaza de Mayo, que no viven el mejor momento por las políticas actuales del gobierno que ha afectado a los movimientos de derechos humanos.
Fuente: La Jornada