Justin Trudeau recibe una nueva estocada —otra vez proveniente de sus propia formación política— por el caso SNC-Lavalin, en el que se le acusa de interferir en una investigación relacionada con una constructora. Este lunes, Jane Philpott renunció a la presidencia del Consejo del Tesoro de Canadá en una carta dirigida a la Oficina del primer ministro y que también compartió en redes sociales. Philpott mencionó que su decisión se produjo tras una seria reflexión. “Desafortunadamente, la evidencia de los esfuerzos de políticos y funcionarios para presionar a la ex fiscal general en el caso penal relacionado con SNC-Lavalin me causaron serias preocupaciones”, señaló.
La renuncia de Philpott es la tercera que se produce por este caso, en el que Trudeau y varios de sus colaboradores más cercanos están acusados de haber presionado a la ex fiscal general, Jody Wilson-Raybould, para que la compañía de ingeniería no tuviera que enfrentarse a un juicio por haber pagado, entre 2001 y 2011, unos 31,7 millones de euros (36 millones de dólares) en sobornos a Saadi Gadafi y otros altos cargos del régimen libio. En vez de una acusación criminal, los acusados pedían supuestamente alcanzar un acuerdo extrajudicial.
“Los principios en juego son la independencia y la integridad de nuestro sistema de justicia. Es una doctrina fundamental del Estado de derecho que nuestra fiscal general no sea sometida a presiones políticas o a interferencias en su poder discrecional para perseguir casos criminales. Lamentablemente, he perdido confianza en cómo el Gobierno ha tratado este asunto y en cómo ha respondido a los problemas planteados”, escribió en la misiva Philpott. La política ha sido una pieza primordial en varios proyectos del primer ministro. Antes de su nombramiento como presidenta del Consejo del Tesoro de Canadá, fungió como ministra de Salud y ocupó también la cartera de Asuntos Indígenas. Tras su renuncia seguirá como diputada liberal.
Antes de que Philpott dimitiera, lo hizo la propia Jody Wilson-Raybould. La ex fiscal general sobre quien recayeron estas presiones —y primera persona de origen indígena que desempeñó esos cargos—, fue enviada el 14 de enero al Ministerio de Veteranos de Guerra. El 12 de febrero renunció a este cargo. Una semana después lo hizo Gerald Butts, consejero principal de Trudeau.
La noche de este lunes, en un evento en Toronto sobre el cambio climático, Justin Trudeau comentó la dimisión de Philpott: “Aunque estoy decepcionado, quiero agradecerle sus servicios». «En una democracia como la nuestra y en un espacio donde valoramos nuestra diversidad de manera tan fuerte, se nos permite tener desacuerdos y debates”, añadió el primer ministro. Por su parte, Patty Hadju, ministra de Empleo, lamentó en Twitter la salida de Philpott. No obstante, precisó que tiene plena confianza en el primer ministro.
La Oficina de Ética del Gobierno canadiense ha abierto una investigación sobre este asunto, al igual que la Comisión de Justicia del Parlamento. Este caso de injerencia política en el sistema de justicia salió a la luz a principios de febrero en un artículo del diario The Globe and Mail. El 27 del mismo mes, Jody Wilson-Raybould declaró ante dicha comisión. Sus palabras produjeron un terremoto en Ottawa. “Entre septiembre y diciembre de 2018, fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del Gobierno que buscaban interferir políticamente en el ejercicio de mis funciones como fiscal general”, dijo Wilson-Raybould, quien aseguró que dicha presión se ejerció bajo argumentos electorales y económicos.
“Mi equipo y yo siempre hemos actuado de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la descripción [del caso] que la exministra de Justicia y fiscal general ha hecho”, indicó Trudeau. “Hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre respetando las normas”, añadió el mismo día en que Wilson-Raybould presentó su versión de los hechos. La ex fiscal manifestó que, además del primer ministro, otras personas intentaron presionarla. Entre ellas señaló a Gerald Butts, Mathieu Bouchard y Katie Telford, los asesores más cercanos de Trudeau.
De acuerdo a su testimonio, Wilson-Raybould recibió comentarios constantes sobre la importancia económica de SNC-Lavalin. La firma da trabajo a unas 9.000 personas en Canadá y es considerada un símbolo industrial en Quebec. Si es declarada culpable en un juicio, tendría vetada su participación en licitaciones públicas canadienses durante 10 años. Las presiones sobre la ex fiscal también tenían que ver con las próximas elecciones: apoyar a SNC-Lavalin puede traducirse en votos decisivos para los liberales en la provincia francófona.
Este miércoles, Gerald Butts, el ex consejero principal de Trudeau, dará su testimonio ante la Comisión de Justicia del Parlamento. Sus palabras son muy esperadas, ya que darán una idea más precisa sobre la estrategia de defensa del primer ministro en este embrollo. Cabe señalar que, cuando presentó su renuncia, Butts manifestó que no quería ser una traba en las pesquisas, aunque aclaró que jamás quiso obligar a Wilson-Raybould a cambiar la decisión judicial.
Tras la comparecencia de Wilson-Raybould, varios ex fiscales generales y Andrew Scheer, líder de la oposición conservadora, han pedido una investigación policial. Asimismo, Scheer ha exigido la dimisión del primer ministro, ya que “ha perdido la autoridad moral para gobernar”. Las encuestas de los últimos días sitúan en primer lugar a los conservadores en las elecciones de octubre. Diversos analistas coinciden en que el caso SNC-Lavalin tiene que ver muy probablemente con esta ventaja.
Durante semanas, la gran pregunta en Canadá ha sido cómo afectará esta crisis en los planes de reelección de Trudeau. Tras las renuncias y a raíz del testimonio de Wilson-Raybould, la fecha de los comicios se percibe cada vez más lejana. Actualmente, el interés fundamental es saber de qué forma podrá el primer ministro apagar estas llamas que amenazan con calcinar su Gobierno. Por lo pronto, su imagen ya está enlodada.
Fuente: El País