La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, anunció que los restos del dictador Francisco Franco serán retirados del Valle de los Caídos para ser trasladados a un panteón de propiedad estatal el próximo 10 de junio.

«La inhumación será el día 10 de junio por la mañana y los restos irán al Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal», dijo Carmen Calvo en una rueda de prensa.

En opinión del Gobierno, este panteón, situado en un cementerio de las afueras de Madrid, reúne «las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación» para albergar los restos mortales de Franco.

Además, Carmen Calvo recordó que allí se encuentran los restos de Carmen Polo, la esposa del dictador.

La elección del lugar se hace desoyendo los deseos de la familia de Franco, que en reiteradas ocasiones manifestó el deseo de que, si se produce la exhumación, los restos sean trasladados a una cripta familiar en la catedral de La Almudena de Madrid.

Carmen Calvo recordó que el Gobierno rechaza esa propuesta porque situar al dictador en un lugar tan emblemático de la capital española podría convertir a la catedral en un lugar de exaltación de su figura.

En cuanto a la elección de la fecha, Calvo justificó la elección del 10 de junio al considerar adecuado esperar al término de los procesos electorales que tendrán lugar en abril y mayo de este año antes de proceder a la exhumación.

En su comparecencia ante los medios, la vicepresidenta española volvió a explicar que la exhumación de Franco se produce en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

«Estamos ejecutando una ley de nuestro parlamento, propia del esfuerzo de una democracia que atiende los pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas para que el dictador no esté en un lugar de exaltamiento», afirmó.

El traslado de los restos se hará sin convocatoria pública y sin acceso a los medios de comunicación para «preservar la privacidad de la familia».

Preguntada sobre si la llegada de un nuevo gobierno tras las elecciones del próximo 28 de abril podría detener el proceso, Carmen Calvo se mostró convencida de que, mientras sea legal, la exhumación «tiene que ser cumplida por cualquier Gobierno».

Con su decisión de este 15 de marzo, el Gobierno de España pone fin a los procesos administrativos para ordenar la exhumación, pero sigue habiendo dudas sobre que finalmente pueda ejecutarse.

Por un lado, el Tribunal Supremo se encuentra actualmente estudiando un recurso presentado por la familia de Franco, que pide paralizar la exhumación de forma cautelar al entender que el traslado de los restos es «nulo de todo derecho».

Por otro lado, un juzgado de Madrid mantiene suspendido el permiso de obras necesario para levantar la losa que cubre los restos mortales de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos.

Esa suspensión se produjo después de que decenas de personas presentaran en distintos juzgados una serie de demandas en las que se aseguraba que los permisos de obra no contemplan medidas de seguridad suficientes para retirar la losa sin que corra riesgo la integridad física de los operarios encargados de ello.

Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se encuentra estudiando estas demandas para fijar un criterio único entre los distintos juzgados, pero mientras tanto el permiso de obras sigue suspendido.

Carmen Calvo volvió a lamentar que «la familia de Franco y su entorno» haya utilizado «todas las herramientas procesales a su disposición» para impedir la exhumación.

La vicepresidenta afirmó que, pese a esas trabas, la obligación del Gobierno es «poner en marcha todos los elementos que conlleva la exhumación» sin condicionar su actuación a los plazos de los procesos judiciales, que espera sean resueltos antes del 10 de junio.

Fuente: Sputnik