La Secretaría de la Función Pública y la Cancillería deben explicar por qué se renovó contrato con una empresa con malos antecedentes en la Administración pasada para la renovación de pasaportes, dijo la diputada Laura Angélica Rojas, de la Comisión de Relaciones Exteriores.

REFORMA publicó que se asignó a la empresa alemana VERIDOS -sin licitación y en forma directa por un año- un contrato por 27.7 millones de dólares, equivalente a más de 500 millones de pesos.

La legisladora del Partido Acción Nacional consideró que es cuestionable que se extienda el contrato con un proveedor que ya tuvo problemas de operación y que además haya sido por adjudicación directa.

«El sistema de pasaportes estuvo en crisis cuando se contrató a esta empresa el contrato, por eso deben dar una explicación la Secretaría de la Función Pública y la Cancillería», dijo.

Rojas señaló que las adjudicaciones directas deben ser la excepción y no la regla, como ya se da en este Gobierno.

Mencionó que durante su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una Administración transparente y de rendición de cuentas.

Cuando presentó las acciones contra la corrupción en los puntos 44 y 45, refirió la panista, dijo que las compras y los servicios del Gobierno se realizarían por licitación pública.

«Ahora vemos que está fallando con lo que prometió», lamentó.

Mencionó que precisamente las adjudicaciones directas son señaladas como uno de los medios que más favorece la corrupción en los Gobiernos porque se presta a arreglos para otorgar el contrato respectivo.

También recordó que una de las principales críticas de Morena y de López Obrador a la gestión anterior era el otorgamiento de contratos a los empresarios consentidos del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

«Criticaban los consentidos del Presidente Peña, pero se está adoptando el mismo método de adjudicación directa, entonces ahora vamos a ver también a los empresarios consentidos de López Obrador», precisó.

VERIDOS había obtenido en abril de 2015 un contrato por 32 meses en una licitación que fue impugnada legalmente -por presunto favoritismo- por un consorcio de cinco compañías que presentaron una oferta más barata.

Sin embargo, la SRE, encabezada entonces por José Antonio Meade, justificó la contratación con el argumento de que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico.

No obstante, cuando la empresa VERIDOS empezó a emitir los pasaportes en octubre de 2015, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios.