El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.
“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.
“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.
Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.
Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.
“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La «tradición democrática» de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.
Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.
La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.
Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial
Fuente: El País