La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el caso de opiniones periodísticas “que impacten el interés público se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados, toda vez que el debate en estos temas debe ser desinhibido, robusto y abierto”, al revocar en el caso de la periodista Carmen Aristegui, la sentencia que la obligaba a probar las expresiones que realizó en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en el que aludía a los dueños de la empresa MVS y su relación con el poder político.
De esta manera el abogado Xavier Cortina sostuvo que “el proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que se establece que Carmen Aristegui nunca incurrió en una conducta ilícita que no profirió ninguna afirmación ni proporcionó ninguna información que pudiese ser susceptible de ser demostrada o que fuera injuriosa o que afectase el honor o la reputación de Joaquín Vargas.
“Es fundamental señalar que esta tesis de este asunto va a ser una de las decisiones más citadas en materia de derecho de libertad de expresión, ya que se suma a una reiterada jurisprudencia en el sentido de que los agentes públicos deben tener mayor tolerancia a la crítica y los reporteros están exentos de tener que probar aquello que está en el terreno de las ideas, la sentencia analiza puntos como lo son el honor, la libertad de expresión, el derecho a la información, asuntos de mucha relevancia, para el público en general, y sin duda es un avance enorme en esta batalla de la defensa de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias”, dijo el litigante.
Al término de la sesión de la Primera Sala, Carmen Aristegui, acompañada de los abogados Cortina y Javier Quijano, dijo que en este caso se “ponía en riesgo la posibilidad de que los periodistas o los escritores o prologuistas –en este caso del libro de La Casa Blanca de Peña Nieto—pudiéramos escribir con libertad, y el hecho de que se haya presentado es demanda por daño moral por parte de Joaquín Vargas, al haber escrito lo que escribí ha puesto en riesgo la libertad de expresión y de analizar secuencias de hechos públicos y conocidos para emitir una conclusión, valoraciones periodísticas o personales que se quisieran poner”.
Aristegui dijo que “luego de que se están poniendo las cosas en su lugar”, y que ya se han resuelto dos expedientes a su favor –uno de ellos relacionado con su despido que fue declarado ilegal, y esta resolución en la que se establece que no incurrió en actos que afectaran el honor del empresario Joaquín Vargas-, “MVS por congruencia debería desistirse de ese juicio que está pendiente (y que tiene que ver con una señalamiento de despido injustificado), la petición es que nos libere de eso que aún nos queda pendiente y que entremos en una fase de entendimiento. El llamado es que termine el terrible periodo que hemos vivido tanto MVS como nosotros”.
Fuente: Excélsior