El Parlamento británico someterá por segunda vez a votación el acuerdo del «brexit» no más tarde del 12 de marzo, según se comprometió este domingo la primera ministra, Theresa May.
La mandataria conservadora descartó convocar el voto esta misma semana, como se había contemplado hasta ahora, pero descartó al mismo tiempo las especulaciones sobre la posibilidad de posponerlo hasta los días previos a la ruptura, fijada el 29 marzo, para aumentar la presión sobre los diputados.
May se enfrenta todavía este miércoles a un debate en la Cámara de los Comunes en el que los parlamentarios podrán pronunciarse previsiblemente sobre una nueva serie de enmiendas dirigidas a condicionar la hoja de ruta del Gobierno.
Aunque todavía no se conoce qué cláusulas se presentarán en la cámara, varios miembros del gabinete de May han sugerido que evalúan respaldar un plan que obligue al Ejecutivo a pedir una extensión del plazo para romper con la UE si a mitad de marzo no se han ratificado los términos de la salida.
A su llegada a Egipto, donde asiste a una cumbre de líderes comunitarios y de la Liga Árabe, la primera ministra insistió ante los periodistas en que retrasar el «brexit» no solucionará el «problema» que afronta el Reino Unido.
«Siempre va a haber un punto en el que tendremos que decidir si aceptamos el acuerdo que se ha negociado o no», sostuvo.
La laborista Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin proponen una enmienda que, si fuera sometida a votación y aprobada, forzaría a May a pedir una extensión del plazo de salida.
Las maniobras del sector proeuropeo de los conservadores para evitar un «brexit» no negociado, un escenario que según el Banco de Inglaterra arrastraría al Reino Unido a una recesión, han abierto una brecha en el gabinete de Gobierno.
Los «tories» más euroescépticos han pedido la dimisión de los tres ministros que se han mostrado favorables a retrasar la ruptura y presionan a May para que mantenga sobre la mesa la opción de un «brexit» duro.
Esa vía, que provocaría daños a ambos lados del canal de la Mancha, es una de las bazas que mantiene Londres en el diálogo que continúa abierto con la UE, sostienen esos diputados.
El ministro de Medioambiente, Michael Gove, llamó hoy a sus colegas de gabinete a evitar rebelarse contra la disciplina de partido.
Con todo, los asesores de May han advertido a la primera ministra de que apartar de su puesto a algunos ministros si finalmente votan por la extensión sería contraproducente y agravaría las brechas en el Partido Conservador, según ha revelado el diario «The Guardian».
Cuestionada sobre esa controversia, May aseguró que todos los ministros trabajan para intentar que el Reino Unido deje la UE con un acuerdo, lo que abriría un periodo de transición de al menos dos años que suavizaría las consecuencias de una ruptura abrupta.
El próximo martes, un equipo de negociadores británico regresará a Bruselas para seguir buscando alternativas a la controvertida cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda del Norte.
La Cámara de los Comunes rechazó a principios de año el pacto al que llegó la primera ministra con los 27 socios comunitarios por una amplia mayoría de 230 votos.
El principal argumento contra el acuerdo fue que la salvaguarda norirlandesa obligará al Reino Unido a mantenerse en las estructuras comerciales comunitarias hasta que firme un nuevo tratado comercial con la UE, lo que puede tardar años.
Los euroescépticos conservadores critican que eso dificultará que Londres firme nuevos acuerdos comerciales con terceros países, pero Bruselas mantiene que la salvaguarda es necesaria para mantener en pie el tratado de paz firmado en 1998, que exige que no haya una frontera entre las dos Irlandas.
May espera obtener garantías legales por parte de la UE de que ese mecanismo de seguridad será temporal, antes de volver a someter a votación el acuerdo en el Parlamento.
Fuente: Crónica