El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofreció su posicionamiento sobre el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 y la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos.
En un comunicado, el organismo afirmó que “ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público“.
Indicó que ha cumplido con las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para coadyuvar al desarrollo nacional.
Agregó que con la finalidad de defender la autonomía otorgada por la Constitución, el Inegi presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional.
Aquí los motivos de la demanda:
El establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción. Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado.
La aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabulador es para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019, porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del INEGI, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica.
Explicó que la demanda tiene como propósito salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi y “garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda de controversia constitucional”, para que se delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, con relación a la autonomía del Instituto.
“El Inegi avala y reconoce la voluntad del Gobierno Federal, así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este Instituto”, aunque acatará la determinación que emita la SCJN.
Fuente: Staff
1 comentario
PUES YO SI YO …LES RETRAZARIA EL PAGO.PARA QUE NO SE ANDEN POR LAS RAMAS……SE ACABO EL ROBO LEGSAL SENORES