La Fiscalía de Perú y la firma brasileña Odebrecht firmaron el viernes en la ciudad de Sao Paulo un histórico acuerdo de colaboración que aportará pruebas claves para llevar a juicio a los políticos más poderosos del país andino, quienes están investigados por sus presuntos nexos con la constructora. Desde 2016, ésta ha admitido que pagó sobornos millonarios en casi todo Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura.

Según la empresa, Perú es el octavo país con el que logra un acuerdo corporativo de colaboración eficaz. Antes ha firmado este tipo de convenios con Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala.

Para Perú, el acuerdo es el primero de su tipo en su historia y eventualmente podría llevar a prisión a cuatro ex presidentes: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Kaczynski (2016-2018).

Rafael Vela, jefe del equipo de fiscales que investigan a la élite política peruana, dijo en una conferencia en el consulado peruano de esa ciudad brasileña que la negociación con Derecha permitirá acceder a muy valiosa información para evitar la impunidad.

A cambio de entregar toda la información requerida por los fiscales, la constructora seguirá operando en Perú, pero en un plazo de 15 años deberá pagar una reparación de 228 millones de dólares, incluidos intereses y tributos.

La Fiscalía investiga cuatro enormes proyectos de infraestructura en Perú donde Odebrecht ha admitido que pagó sobornos, pero donde falta detectar quiénes fueron los que recibieron el dinero. Las obras de construcción bajo la lupa son una carretera que conecta Brasil con la costa del Pacífico de Perú, el Metro de Lima y dos vías ubicadas en la andina región Cusco y en Callao, el principal puerto de Perú.

El fiscal Vela indicó que podrán recibir todo tipo de información de 77 funcionarios de la compañía y también de los sistemas informáticos encriptados llamados «MyWebDay» y !Drousys» que Odebrecht usaba para proteger sus sobornos.

La Fiscalía peruana a cambio se ha comprometido a no usar la información obtenida en contra de los funcionarios de Odebrecht y a archivar los procesos en curso ligados a los casos judiciales surgidos del acuerdo.

Uno de los antiguos ejecutivos clave de la compañía, de quien se espera declaraciones importantes, es Jorge Barata, quien fue el representante máximo de la compañía en Perú durante más de un decenio.

Odebrecht dijo en un comunicado que seguirá buscando entendimientos de esta misma naturaleza con otros países en donde actúa, con el fin de tener más seguridad jurídica para sus actuales operaciones.

En 2016 la constructora admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo a varios gobiernos de Perú.

Fuente: Reforma