La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que ante los bloqueos de vías férreas en Michoacán, tanto las autoridades federales y estatales, «están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias».
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federalpuso una queja ante la CNDH, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y solicitó recomendaciones sobre qué hacer, pues mantiene su postura de no recurrir al uso de la fuerza.
En un comunicado de prensa, la defensoría nacional instó a las autoridades a cumplir su obligación que consiste en «garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley».
«Si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar que si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir su obligación constitucional», comentaron.
Luis Raúl González Pérez, el ombudsman nacional, señaló que no puede ser que «la responsabilidad del gobierno dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos».
«La omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas», advirtió la defensoría nacional.
La CNDH hizo un llamado, tanto a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como a las autoridades, a que «cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. Ni particulares, ni autoridades pueden estar por encima ni al margen de la ley».
También hizo un llamado para que tanto la CNTE como las autoridades federales, «busquen la solución mediante la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros.
Fuente: Milenio