Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero del gobierno de Veracruz, llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para no ser juzgado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesosque pertenecen a la Federación y que ordenó transferir a diversas cuentas por órdenes que supuestamente le dio Javier Duarte.
El arreglo se realizó el 30 de noviembre de 2018, es decir, durante el último día de la administración de Enrique Peña Nieto.
El imputado figura en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas, y afirmó que hacía llegar “pizzas” (nombre clave que según él, Duarte usaba para que le enviara un millón de pesos en efectivo cuando así lo deseaba) o “invidentes” (cien mil pesos).
Dicho acuerdo está sujeto a que Tarek declare en cada uno de los juicios donde Duarte y otros ex funcionarios estatales están siendo acusados, pues de no hacerlo, éste no tendrá validez.
Milenio tuvo acceso a los oficios de la PGR donde se admitió la petición del ex servidor público, quien pidió acogerse a un criterio de oportunidad.
Tarek fue tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, del 6 de febrero de 2012 al 31 de agosto de 2015, y presuntamente autorizó las transferencias para “fines diversos a los que estaban destinados”, por lo que comenzó a ser investigado como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
“La realidad es que durante los meses he colaborado con la autoridad brindando información eficiente y útil, tan es así que con fecha 22 de mayo de 2018, comparecí dentro de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016 misma que se encuentra radicada en la Dirección General de Asuntos Especiales, de la PGR, dentro de la cual me fue ofrecido un criterio de oportunidad al considerarse que como imputado aporté información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se imputaba a mi persona, y bajo el compromiso de comparecer posteriormente en juicio o bien donde se me requiera”, señaló Tarek al Ministerio Público Federal.
Fuente: Milenio